El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tendrá que enfrentar hoy en el Congreso el debate y votación de una iniciativa del PP para la suspensión del Decreto 933/2021, norma conocida popularmente como el ‘Gran hermano turístico’ y que ha puesto al Ministerio a los pies de los caballos. El decreto prevé que todos los intermediarios que intervienen en la contratación de servicios turísticos –hoteles, agencias de viajes y alquileres de vehículos- tengan que compartir con la policía los nombres, edades, correos electrónicos, tarjetas de crédito, fechas de salida, domicilio y otros datos de sus clientes. Cuenta con la oposición en bloque de todo el sector turístico, que ha conseguido posponer su aplicación dos veces. Técnicamente la norma entrará en vigor el dos de diciembre, pero en una maniobra de última hora, y tras una reunión con la patronal de las agencias de viajes, que ha sido de las más belicosas con el decreto, el pasado cuatro de octubre Interior acordó que hasta que no se redacte una orden ministerial para la que aún no hay fecha, no se exigirán más datos que aquellos que se estén recabando en la actualidad. Es decir, que el ‘Gran hermano turístico’ estará vigente pero sin efectos. En su proposición no de ley los populares esgrimen que la aprobación y posible entrada en vigor del texto «supone graves inconvenientes» para la industria turística y, tal como está redactado ahora, su cumplimiento es «inviable» y supone una «gran desventaja competitiva» para el turismo español. Por eso, exige revisarlo y readecuarlo junto a los subsectores turísticos más afectados por la normativa, considerando su falta de viabilidad y potenciales efectos negativos para la capacidad organizativa y la realidad operativa de las empresas turísticas. Entre otras cosas, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo planteará al Congreso que del decreto queden excluidos los viajes corporativos, el turismo de eventos (MICE) y los grupos, para los cuales el cumplimiento «resulta inviable según lo expresado reiteradamente por las organizaciones más representativas del sector». Asimismo, el PP insta al Gobierno a abrir un nuevo proceso de diálogo con los actores del sector turístico, incluyendo a asociaciones como Cehat, CEAV, Acave, Fetave, UNAV o Feneval, para consensuar el desarrollo normativo mediante una orden ministerial y conseguir una mayor eficacia en su entrada en vigor mediante su adaptación a las realidades operativas del sector.
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El Congreso debate la suspensión del ‘Gran hermano turístico’ de Marlaska
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