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Airbnb defiende que eliminar todos los pisos turísticos solo bajaría el precio de la vivienda un 0,3% en Madrid y un 0,4% en Barcelona

Airbnb sale al paso para tratar de frenar la ola regulatoria contra su negocio que se produce en todas las escalas administrativas. La plataforma de reservas de alquileres de corta estancia vuelve a defender que las Viviendas de Uso Turístico (VUT) tienen un nulo impacto en el incremento del precio de las casas, y que, de desaparecer todas, los precios de la vivienda solo bajarían un 0,4% en Barcelona y un 0,3% en Madrid . «En Barcelona hemos visto que se a reducido a más de la mitad el número de VUT y el precio de la vivienda sigue aumentando», ha aseverado este martes durante un encuentro con medios de comunicación el responsable para España y Portugal de Airbnb, Jaime Rodríguez de Santiago . El recién aterrizado en el cargo cree que el debate de los pisos turísticos está viciado y que las administraciones no están poniendo el foco en el verdadero problema, que es el contraste entre la creación de hogares y las casas que se levantan cada año, además de la caída de la construcción de la vivienda social. Tampoco cree que se estén orientando políticas a la hora de incentivar otros generadores de oferta como las casas vacías (el 14,4% de los 26 millones de viviendas en España), que son 30 veces más en número que el de los alquileres de corta duración. La multinacional estadounidense asevera que las VUT en España representan el 1,5% del parque de vivienda nacional y solo el 0,5% se usa de manera continuada, según un estudio encargado a PwC por la plataforma. Para Rodríguez de Santiago el señalamiento a los pisos turísticos como el culpable de la situación de crisis de la vivienda en España es una «simplificación peligrosa», que además pone en riesgo el impacto económico que generan, el cual estiman que en 2023 alcanzó el 2% del PIB español, al acercarse a los 30.000 millones de euros por el gasto total de los huéspedes que alojan los anfitriones, según un informe de Oxford Economics que eleva a 128.000 millones de euros el gasto a nivel europeo. En cuanto al empleo, el mismo estudio apunta a que en España, este segmento turístico generó 400.000 puestos de trabajo. El representante de Airbnb también asevera que la plataforma no es la responsable de la masificación turística que viven las principales capitales españolas. Asegura, por ejemplo, que en Barcelona -donde se han limitado las plazas de VUT- hay seis veces más plazas hoteleras que turísticas, y que el precio medio de las noches de hotel se ha disparado más de un 60% en los últimos tiempos, en contraste con un estudio reciente de Exceltur , que asegura que en 10 ciudades españolas hay ya más plazas en viviendas turísticas que en hoteles. «En diez destinos turísticos, los alquileres de corta estancia lograron reducir las tarifas unos siete euros por noche en 2023. Prohibirlos supone entregar a los hoteles todo el poder para fijar precios y hacer que las familias tengan más complicado poder viajar», asevera Rodríguez de Santiago. Al hablar de Madrid, el portavoz señala que los barrios donde más crece el precio del alquiler son ajenos a las aglomeraciones de turistas (Villaverde, Vallecas, Usera doncre se alzan más de un 20%) y niega que se esté dando un efecto desplazamiento a esas ubicaciones desde zonas más céntricas, donde los viajeros tienen más influencia. Con estos mimbres, Airbnb rechaza las propuestas regulatorias actuales y apuesta por impulsar una normativa para las VUT que distinga las actividades empresariales a través de alquileres turísticos dedicados únicamente al alquiler de corta duración, del hospedaje ocasional en los hogares de las familias, además de un sistema de registro único, armonizado, gratuito y en línea acorde «a la normativa de la UE». Asimismo señala la necesidad de que se elaboren reglas «basadas en evidencias y datos, proporcionadas, no discriminatorias y justificadas» y que se apliquen regulaciones adaptadas a las necesidades de áreas menos frecuentadas y conocidas, «típicamente rurales, en contraste con la complejidad de los ámbitos urbanos, y que promueven la dispersión de los viajes por toda España». Airbnb pone el ejemplo regulatorio de Francia en el que la normativa para alquilar primeras y segundas residencias es más laxa y se distingue el alquiler ocasional (menos de 120 días al año) del profesional. Además cuenta con un solo registro digital, en contraste con las duplicidades que dice que ofrece el registro de VUT que el Gobierno español puso a andar el pasado 2 de enero , y que exigirá a los propietarios que certifiquen mediante un código que su vivienda cuenta con los permisos locales y autonómicos para publicitarse en la plataforma. Sobre este decreto, Rodríguez de Santiago dice que «faltan algunos aspectos de la regulación por completarse», además de que «no parece el mejor mecanismo para regular algo que en Europa ya se hace diferente». Por el momento, el responsable de Airbnb asegura no tener datos de una posible caída de anfitriones en la plataforma por la medida que busca perseguir la oferta ilegal. El decreto impulsado por el Ministerio de Vivienda incluye un periodo transitorio de aplicación para los propietarios hasta el próximo 1 de julio.

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