Consumo investiga a siete aerolíneas de bajo coste por el cobro del equipaje de mano

El Ministerio de Consumo investiga a siete aerolíneas de bajo coste que operan en territorio nacional por supuestas irregularidades en su política de equipajes de mano y asignación de asientos . Según el departamento de Alberto Garzón, se trata de cobros extra por servicios que, «generalmente, son necesarios e imprescindibles para los pasajeros a la hora de viajar». Es el caso, explican, del cobro de un importe adicional o suplemento por llevar una maleta en cabina sin facturar o por seleccionar un asiento, «incluso en el caso de menores de edad o personas dependientes». El Ministerio de Consumo, asegura que lleva a cabo esta investigación al amparo de sus nuevas competencias sancionadoras ante fraudes masivos. En este sentido, estudia si este tipo de prácticas comerciales por parte de compañías de bajo coste son abusivas o desleales y si contravienen, de forma generalizada, la normativa de consumo. La subdirección general de Inspección y Procedimiento Sancionador también investiga si, mediante prácticas como la segmentación de precios, los operadores podrían estar obteniendo posiciones privilegiadas en los motores de búsqueda y comparadores de vuelos online «con precios muy inferiores a los que realmente termina pagando el consumidor en la transacción final». Noticia Relacionada estandar No Los pilotos de todas las aerolíneas amenazan al Gobierno con convocar paros en verano Antonio Ramírez Cerezo El colectivo Sepla pide a Transportes que defina unos servicios mínimos «justos y proporcionados» y acusa a Raquel Sánchez de defender los derechos de las compañías aéreas Las compañías investigadas ostentan, en su conjunto, una cuota de mercado por encima del 30% tanto dentro como fuera de Europa, por lo que tienen incidencia en la contratación de millones de pasajeros. Desde Consumo no desvelan los nombres de las aerolíneas investigadas. Las conductas investigadas constituirían presuntas infracciones graves que pueden sancionarse con multas de entre 10.000 y 100.000 euros, pudiendo sobrepasar estas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido o hasta el 4% de la facturación si se confirmasen como prácticas generalizadas en el seno de la UE, según explican desde el Ministerio de Consumo.