El Gobierno pacta con Bruselas no tener que implantar peajes en las autovías españolas

El Gobierno no tendrá que implantar peajes en las autovías españolas en el marco del plan de recuperación tras haber acordado con la Comisión Europea sustituir la medida por otra distinta en el marco de la negociación de la adenda al mismo. Unas conversaciones que se han extendido durante meses y que han dado como resultado la desaparición del contrato operativo del Reino de España con la Comisión Europea de ese compromiso, que estaba previsto inicialmente para ser aprobado de cara al año que viene dentro de la Ley de Movilidad Sostenible. La adenda ha salido adelante con la luz verde de Bruselas pero todavía este documento deberá recibir el visto bueno del Consejo de la Unión Europea en un plazo de cuatro semanas. En este anexo al plan de recuperación, además de incluir nuevos hitos y reformas, se han modificado un total de 69 compromisos respecto al plan inicial, entre los que se incluye el del pago por uso de las carreteras. Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno se entrega a los fondos soberanos para dar alas a la economía Bruno Pérez El Ejecutivo se ha reunido esta semana con líderes de estas entidades para venderles las bondades del país Los peajes venían siendo uno de los puntos más espinosos para el Gobierno de Pedro Sánchez, tras haber vuelto al debate público en los últimos meses. La medida estaba incluida para ser aprobada en la Ley de Movilidad Sostenible mediante la implementación de un sistema de pago por uso, de tipo viñeta o similar como sistema para garantizar la existencia de recursos suficientes para sufragar el costoso mantenimiento de la red de carreteras del Estado. Sin solución para un agujero de 10.000 millones Ahora el Ejecutivo podrá olvidarse de este compromiso al haber sido sustituido por otro para promover el transporte de mercancías por carretera. Una medida de carácter medioambiental para reducir las emisiones, aunque en realidad los peajes el objetivo que perseguían era mejorar la financiación de la red de carreteras españolas, que arrastra un déficit de 10.000 millones de euros según la última estimación de la Asociación Española de la Carretera (AEC). «Esta ley también prevé la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario ‘usuario pagador’ y también del principio de ‘quien contamina paga’», decía el componente primero del plan de recuperación. «La imposición de un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, además de a generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte», ahondaba. El asunto fue señalado como prioridad por las autoridades europeas en la negociación del Plan de Recuperación. En Bruselas escuece desde hace tiempo el mejorable estado de mantenimiento de las carreteras españolas, especialmente de las vías de alta capacidad, financiadas en buena medida con recursos europeos y que ahora languidecen por la falta de inversión en mantenimiento y se vio el Plan de Recuperación como una oportunidad para dar una solución a la situación. Sin embargo, en principio Bruselas no exigirá al Gobierno ninguna medida adicional para conseguir recursos extra para la conservación de carreteras. La nueva medida pactada en su lugar va encaminada no a financiar la conservación y mantenimiento de la red viaria sino a reducir las emisiones por carretera, favoreciendo el transporte por tren. Un compromiso, este nuevo, que en teoría no acarrearía ningún coste, a falta de conocer el detalle de cómo se plasmaría esto sobre el papel.