La Justicia desestima la suspensión cautelar de la ‘tasa Amazon’ en Barcelona

Con el propósito de defender el interés de las empresas de transporte, pero también para evitar el incremento de «los costes de un servicio de interés económico general » y que reduce »las alternativas de venta de empresas minoristas de todos los tamaños», la patronal de la logística UN1 presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un recurso contra la llamada ‘tasa Amazon’, aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Barcelona. En respuesta a este recurso, el TSJC ha rechazado suspender cautelarmente la citada tasa, que grava a las empresas de reparto a domicilio que facturen más de un millón de euros al año por entregas a destinos finales. La citada tasa, bautizada como tasa TREC (Tasa de Reparto del e-commerce), salió adelante con los votos ERC, BComú, PSC, Junts y Cs. Se considera pionera en España. En el auto, el tribunal considera que no hay urgencia para suspender la tasa y recuerda que la primera recaudación no se liquidará hasta el 31 de julio . El tribunal mantiene la tasa en vigor mientras estudia el «fondo del asunto», y remarca que las cuestiones que se plantean requieren un adecuado debate y análisis, en sus palabras. Noticia Relacionada estandar Si El transporte acorrala la tasa Amazon de Colau en los tribunales Bruno Pérez El sector solicita al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la suspensión cautelar del nuevo impuesto tras detectar indicios de ilegalidad En los argumentos, responden también a una de las preocupaciones de la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, sobre qué información sensible tendrían que aportar los operadores postales en relación con la nueva tasa, informa Ep. En este sentido, el tribunal apunta a que la ordenanza no exige añadir datos personales y recuerda la obligación de confidencialidad de las administraciones tributarias. La patronal argumento que la tasa es una figura ilegal , que incurre en una doble imposición, al hacer pagar a los repartidores dos veces por el uso del espacio público. Del mismo modo, discrimina a los ciudadanos de Barcelona, a los que condena a pagar más por un servicio que en otros municipios es de menor coste.