La justicia australiana también autoriza el embargo de bienes españoles por el impago a inversores en renovables

Algunos bienes de nuestro país en Australia, como activos de Navantia, sedes del Instituto Cervantes, cuentas bancarias, etc., podrán ser embargados para hacer frente a la deuda de más de 120 millones de euros que tiene el Reino de España con los inversores de Antin que reclamaron con éxito una indemnización por los recortes llevados a cabo en 2014 a la rentabilidad prevista de las plantas renovables en nuestro país. Noticia Relacionada estandar No El Tribunal Superior de Londres embarga el Instituto Cervantes y una ’embajada’ de Cataluña por impagos del Estado Javier González Navarro La justicia ha bloqueado también las cuentas del Instituto Cervantes en el banco Santander a petición de inversores internacionales afectados por los recortes a las renovables Esta situación es consecuencia de la decisión del Tribunal Superior de Australia, que hoy ha desestimado por unanimidad una apelación presentada por España en una disputa internacional en torno a laudos dictados por el CIADI, organismo de arbitraje del Banco Mundial, vinculados a los recortes realizados a las renovables, según han confirmado a ABC fuentes conocedoras del proceso. Esta decisión se conoce pocos días después de que el Tribunal Superior de Londres admitiera también el embargo de bienes de España en aquel país, como la sede del Instituto Cervantes, sus cuentas en el Banco Santander, y una ’embajada’ comercial de Cataluña. La máxima instancia judicial australiana negó hoy la solicitud de España, que argumentaba que podría tener «inmunidad soberana» frente a «los procesos judiciales australianos relativos al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales de acuerdo a la ley de Inmunidad de Estados Extranjeros del país oceánico. Este proceso se inició cuando Antin presentó ante la justicia australiana el laudo pendiente de pago. El Gobierno español intentó frenar su registro, pero con esta decisión queda totalmente reconocida la deuda y, lo que es más importante, se permite a las empresas pedir acciones de protección como el embargo e incautación de activos del Reino de España. Lo que ya estaba pasando en Reino Unido ocurrirá ahora también en Australia. En el punto de mira están edificios de instituciones oficiales (por ejemplo, nuevas sedes del Instituto Cervantes), las inversiones de Navantia en el país, cuentas bancarias y activos financieros, etc. El proceso de rastreo de activos ya está, de hecho, completado, de modo que las peticiones de embargo ante la justicia australiana se harán en los próximos días. La Corte condena también a España a pagar las costas del proceso . Cabe recordar que el Ejecutivo se ha gastado más de 70 millones de euros para intentar evitar el pago de las indemnizaciones a las que España ha sido condenada.