Fedea reclama el fin de las políticas intervencionistas en la vivienda que han tolerado la okupación

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha propuesto modificaciones sobre la legislación en vivienda de cara al próximo ciclo político, que comenzará tras las elecciones del 23J. La organización ha criticado la actual Ley de Vivienda por «restringir la contratación privada» en ambos ámbitos, el de compraventa y el del alquiler y ha pedido que se tomen medidas que faciliten «la actuación del mercado». El informe ha sido publicado por la Fundación y elaborado por el experto Benito Arruñada (Universidad Pompeu Fabra). En este, Arruñada ha apuntado que «las restricciones en el mercado de la vivienda se han intensificado» lo que «ha complicado la contratación de alquileres y ha proporcionado mayo tolerancia a los impagos y la okupación». Además ha explicado que, como consecuencia, «se ha reducido la oferta y han aumentado los precios y las dificultades de buena parte de la población para encontrar vivienda». Noticia Relacionada estandar No Así te afecta la nueva Ley de Vivienda: las claves si eres propietario, inquilino o buscas piso Marina Ortiz Mingot El Gobierno ha anunciado que la Ley de Vivienda traerá grandes novedades como el tope del precio del alquiler o la definición de ‘zonas tensionadas’ La Fundación ha defendido que el papel del Estado en esta cuestión tiene que cambiar. Para ello, se ha desarrollado que el Gobierno «se tiene que centrar en proveer bienes públicos y extender una red efectiva de seguridad social». Arruñada ha explicado que para ello «debe existir una planificación urbana orientada a asegurar la existencia de suelo disponible para construir«. En esta cuestión, ha propuesto una rebaja de impuestos para favorecer la compraventa. El experto pide «racionalizar la estructura tributaria que pesa sobre la vivienda, con la finalidad de reducir paulatinamente los gravámenes sobre la construcción de vivienda nueva y todo tipo de transmisiones». Ha añadido además, que este recorte del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados «sería compatible con cambios dirigidos a neutralizar su efecto negativo en la recaudación, elevando, si así se desea, los gravámenes sobre la tenencia, ya sea por la vía del IBI o del IRPF». Además, la organización ha instado a restaurar la seguridad jurídica del derecho de propiedad, para igualarla a la del resto de países europeos, «tanto en lo relativo a limitaciones administrativas para la promoción y construcción como, con carácter urgente, en materias de okupación y desahucio». En cuanto a lo que han referido como «la red efectiva de seguridad social», se ha planteado recuperar el régimen de libertad contractual establecido en 1985 por el Decreto Boyer. Este, creen que establece puntos relevantes para los contratos de arrendamiento de vivienda. En concreto, han apuntado que «derogaría las limitaciones de plazo y demás condiciones contractuales que hoy restringen ineficientemente la dimensión del mercado y expulsan del mismo a los arrendatarios potenciales más vulnerables».