Los ‘personal shoppers’ inmobiliarios revindican su papel y reclaman un registro estatal

La mayoría de las personas, a lo sumo, comprarán uno o dos inmuebles a lo largo de su vida. Un proceso, junto con el de cambiar de trabajo, que se define como de los más estresantes, en este caso por la falta de experiencia del comprador y las implicaciones económicas que supone tomar una decisión equivocada. Para ayudar precisamente a las personas en este trance aparecen los ‘personal shoppers’ inmobiliarios, o lo que es lo mismo, agentes de la propiedad que asesoran al comprador , una figura muy desconocida en nuestro país pero muy común en el ‘real estate’ del Reino Unido o los Estados Unidos, donde se estima que el 87% de las compras de inmuebles se realizan con su asesoramiento. «Partimos de una situación equívoca. Cuando un potencial cliente entre en una agencia inmobiliaria cree que es cliente, cuando en realidad el cliente de la agencia es el vendedor. Te enseñarán los pisos que ellos quieren y velarán de manera principal por los intereses del vendedor«, explica a ABC Helena Gallardo, presidenta de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (Aepsi), que reclama que se proceda a una regulación estatal de su actividad. De entrada, Gallardo explica y revindica el papel de los ‘personal shoppers’ inmobiliarios, asumiendo de entrada que el propio nombre quizás no les ayude, al asociarse a un asesoramiento sólo para clientes de altísimo poder adquisitivo, «cuando en realidad no es así». De hecho, asegura que el 47% de los pisos comprados con el asesoramiento de los miembros de la asociación que preside tienen un precio de entre 300.000 y 500.000 euros, y la mayoría de los clientes son locales. Por ello, y para sacudirse la imagen elitista , no decartan comenzarse a autodenominarse como agentes inmobiliarios del comprador, que es lo que técnicamente son. Gallardo explica las características de su profesión, que consiste básicamente en ayudar al cliente a seleccionar el inmueble, partiendo del hecho de que mucha gente no tiene el tiempo para cribar entre toda la oferta que hay en el mercado así como para hacer las visitas. El asesor se ocupa de asegurarse de que no hay « vicios ocultos « en el inmueble seleccionado en base a informes técnicos, financieros y legales, y, a la vez, ayuda en el proceso de negociación con el vendedor así como en la búsqueda de la hipoteca más ventajosa. »El balance es que, además del tiempo ahorrado y la tranquilidad de contar con asesoramiento, el coste del contrato que suscriben queda de sobras compensado«, explica Gallardo. Si el negocio de los agentes inmobiliarios de ayuda al comprador va al alza, la reivindicación que plantea el sector es que se proceda a una regulación estatal de la profesión, demanda paralela a la que se ha hecho desde el Consejo General de los colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), que lamentan que la nueva ley de Vivienda aprobada en mayo no incluya el ansiado registro profesional, situación que en Cataluña es ligeramente distinta. En esta comunidad, desde 2011, toda persona que ejerza de API, bien sea como asesora de comprador o de vendedor, debe estar registrada, para lo que se exige titulación en ciencias jurídicas, sociales o políticas, o bien completar una formación de 200 horas. Desde la Aepsi, Gallardo demanda que este registro sea común en toda España. «No puede ser que alguien que tiene una pizería una noche baje la persiana y a la mañana siguiente abra como agente inmobiliario», resume Gallardo. Otras comunidades se plantean la creación de un registro con las mismas características que el de Cataluña. Noticia Relacionada estandar No La compraventa de viviendas cayó en mayo por cuarto mes consecutivo Daniel Caballero Las operaciones descendieron un 6,4% en interanual hasta las 56.137 En su momento, los API señalaron la nueva ley de Vivienda como una «oportunidad perdida» para crear este registro a nivel estatal, que iba asociado también a la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil , una demanda que también se suscribe desde la asociación de ‘personal shoppers’. Ambas cuestiones llegaron a estar en el borrador de la ley, pero se descartaron.