La pensión mínima crecerá hasta 1.200 euros dentro de cuatro años

El Gobierno dio ayer varios pasos clave para aproximar la aprobación definitiva del decreto de medidas urgentes sobre el sistema público de pensiones que verá la luz en el Consejo de Ministros de este jueves. Será convalidado por los grupos parlamentarios socios de la coalición y tramitado como proyecto de ley para recibir las aportaciones de los partidos. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá , zanjó la mesa de diálogo social tras lograr el apoyo de los sindicatos UGT y CC.OO. a esta segunda ronda de medidas tras haber acordado en el último momento un incremento de la pensión mínima de jubilación hasta los 1.200 euros en un plazo de cuatro años, hasta alcanzarse el 60% de la renta mediana de un hogar con dos convivientes, cuantía que fija la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Amarrado el acuerdo con los sindicatos, el ministro Escrivá presentó la firma del acuerdo con los secretarios generales de las centrales sindicales, Pepe Álvarez y Unai Sordo, para posteriormente presentar el paquete de medidas cerrado en el Pacto de Toledo. En esta comisión el Gobierno anunció que la norma pasará el trámite parlamentario y también recibió fuertes críticas por el rodillo aplicado durante el proceso de negociaciones, también de los grupos que apoyarán el texto en el Congreso, No bastó la prolija exposición del ministro Escrivá sobre el impacto de las medidas que serán aprobadas en las próximas horas para saciar las dudas y críticas de los partidos de la oposición, pero también de los mismos grupos que previsiblemente permitirán aprobar la ley. «No vamos a permitir que España deje de recibir los fondos europeos», señaló Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria durante su intervención, en la que, no obstante, criticó con dureza el proceder del Ejecutivo. «No cree en el consenso político», señaló en esta línea el parlamentario de Vox, Pablo Sáez, quien aseguró que llevar un acuerdo de reforma a una comisión destinada precisamente a acordar las medidas de actuación sobre el sistema público de pensiones «es una completa irresponsabilidad». Subrayó que, además de hurtar el debate a los grupos, aplicará medidas que golpearán al mercado laboral al conllevar un incremento de los costes sobre el empleo. Como publicó ABC, ante la imposibilidad de acordar el segundo paquete de medidas en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos, el Gobierno acudió a Bruselas para tratar de modular la oferta. La cuestión es que ni patronal ni sindicatos reconocían entre las recomendaciones del Pacto de Toledo ni la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, ni el destope de las bases máximas. Y es por ello que sobre esa premisa el Gobierno no se ha planteado convocar a los partidos para modular la propuesta sobre el mandato del Pacto de Toledo. «No nos han enviado ni el decreto ni los borradores», señalaban fuentes parlamentarias a este diario. Aseguró que la única documentación sobre el contenido e impacto de la reforma son las diapositivas impresas que recibieron minutos antes del comienzo de la comisión. En este punto, el principal partido de la oposición, el PP, confirmó que rechazará la aprobación de esta parte de la reforma de pensiones por este mismo motivo de haber soslayado el debate con los grupos, más grave si cabe con el principal partido de la oposición. «Es una vergüenza que lleve usted ocho meses sin comparecer en esta Comisión», señaló el diputado del PP, Tomás Cabezón, sobre el calendario de la reforma. También puso sobre la mesa, al margen del procedimiento unilateral del Ejecutivo para con los partidos, la improcedencia del modelo planteado, que, a su juicio, elevará los costes laborales en un contexto de desaceleración económica. Periodo transitorio Sobre el fleco pactado para la senda de subida de la pensión mínima, el decreto al que ha tenido acceso ABC, establece que para 2024 se debe reducir en un 20% la brecha existente, para 2025 se reducirá en un 30% la brecha, para 2026 la reducción prevista es del 50%, mientras que en enero de 2027 la cuantía de referencia se incrementará adicionalmente, «hasta llegar alcanzar el umbral de pobreza calculado para un hogar de dos adultos». Cabe destacar que para establecer una senda de aumento de la pensión mínima se observa cuál es el valor actual de la misma y cuál es la brecha con el objetivo de 1.200 euros.