Correos se escuda en la ley de secretos empresariales para ocultar al Congreso el polémico contrato de sus aviones de mercancías

La empresa pública Correos ha rechazado proporcionar al Congreso de los Diputados información sobre el controvertido contrato piloto suscrito con Iberojet al margen de los cauces previstos en la normativa española de contratación pública para poner en marcha un servicio de transporte aéreo de mercancías entre Madrid y Hong Kong . El operador postal público constituyó en diciembre de 2021 una ‘joint venture’ con la aerolínea privada, filial del Grupo Ávoris -rescatada por la SEPI con un préstamo de 320 millones de euros-, sin observar los principios de publicidad, libre concurrencia y transparencia en la adjudicación que consagra la legislación española y europea sobre contratación pública, lo que a juicio de los expertos del ámbito de la Administración y del Derecho Público consultados por ABC constituye una irregularidad. Un extremo que la compañía niega con el argumento de que se trata de un acuerdo para una operativa que nada tiene que ver con las obligaciones de servicio público que cumpla la compañía y que se incardina en su actividad como sociedad mercantil, lo que a juicio de los servicios jurídicos del operador postal público le exime de cumplir las estrictas reglas de la contratación pública. Noticia Relacionada estandar No El PP exige explicaciones a la ministra de Hacienda por Correos Cargo: «Es un escándalo» Bruno Pérez Los populares quieren que se aclare si el polémico contrato firmado con Ávoris tuvo el visto bueno de la SEPI y de los servicios jurídicos de la empresa A raíz de la información publicada por ABC sobre este controvertido contrato, el Grupo Popular solicitó hace unos días a la empresa pública información sobre el contrato en aras de clarificar su naturaleza y determinar su encaje o no a la normativa vigente en España. El operador postal propiedad del Estado ha rechazado de plano proporcionar esa información bajo el amparo de la Ley de Secretos Empresariales , que según argumenta la compañía reconoce «la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados contra su obtención, utilización y revelación ilícitas».