CSIF exigirá al Gobierno mejoras en las jubilaciones de los funcionarios y una nueva subida salarial ante la pérdida de poder adquisitivo

El principal sindicato de los trabajadores púbicos, CSIF , pone en marcha su hoja de ruta de cara a la eventual formación del futuro Gobierno. Entre la veintena de propuesta que la organización prevé lanzar a los próximos responsables de la Administración, el sindicato pone el acento en algunas reivindicaciones que ya venían poniéndose sobre la mesa a raíz del proceso de envejecimiento de las plantillas públicas y la pérdida de personal de los últimos año, y también a causa de la pérdida de poder adquisitivo que la inflación ha asestado con dureza a este grupo de más de tres millones de empleados distribuidos entre todo los niveles del Estado. «España debe afrontar las reformas que requieren las administraciones públicas ante el deterioro progresivo de los servicios que reciben los ciudadanos en todos los ámbitos (sanidad, educación, justicia, Administración del Estado, Seguridad Social, Sepe, Agencia Tributaria, Prisiones…) así como de las condiciones laborales de las personas que trabajan en los mismos», explicó el presidente de CSIF, Miguel Borra , en el marco de la rueda de prensa de inicio del curso político celebrada este lunes. Noticia Relacionada estandar Si La Administración pública pierde más de 11.000 empleos en un mes Gonzalo D. Velarde Equivale a un tercio de la histórica oferta de empleo aprobada antes de verano De entrada, el sindicato volverá a plantear a los futuros responsables del Ministerio de Hacienda una nueva revisión del acuerdo salarial alcanzado entre el gabinete dirigido por la ministra en funciones, María Jesús Montero, con UGT y CC.OO. -siendo rechazado por CSIF al considerarlo insuficiente- a finales del pasado año al asentar una notable pérdida de poder adquisitivo . En los dos últimos años los empleados públicos han perdido un 5,5% de poder de compra y un 20% si se retrotrae a 2010, «cuando se produjo la primera bajada salarial», señala el sindicato. En este punto, añaden a la reivindicación de renegociación del acuerdo salarial un nuevo pacto para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, y la derogación del Real Decreto-ley 8/2010 «para recuperar la estructura salarial de las pagas extras». Recuerdan en este punto que los partidos del Gobierno de coalición bloquearon en el Congreso, el pasado mes de mayo, una Iniciativa Legislativa Popular presentada por CSIF para derogar esta norma, que actualmente hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional y estamos a la espera de su fallo. «Fue una medida que se adoptó con carácter excepcional y como tal debe derogarse. No puede convertirse en normal lo excepcional», advertía Borra, reclamando también la habilitación de fondos para corregir las desigualdades retributivas entre territorios. «A igual trabajo, igual salario» , señala. Mejoras de cara a la jubilación También en el marco de la última reforma de pensiones , que establece premios para la demora de la jubilación más allá de la edad ordinaria (66 años y 6 meses a partir de 2024), desde CSIF reclaman mejoras en el cálculo de los haberes reguladores de las prestaciones para los trabajadores públicos que se mantengan en el puesto, más aún ante la escasez de relevo generacional de las plantillas que está tensionando los diferentes cuerpos de la Administración. Plantearán de este modo a los responsables de la Seguridad Social el inicio de tramitación de la jubilación anticipada para grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica o peligrosa (sanidad, agentes forestales, entre otros) y la regulación de la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario (actualmente no disponen de esta posibilidad). Mientras que también se planteará el incremento de los haberes reguladores de las pensiones de las clases pasivas y un porcentaje adicional del 5%   anual para quien decida prolongar su vida laboral, además de la aplicación del complemento de la brecha de género a las jubilaciones parciales y voluntarias; y que las clases pasivas también se beneficien del refuerzo de la cobertura del periodo de excedencia por cuidados familiares. Reposición de la plantilla El otro pilar de las reivindicaciones transmitidas por el sindicato está en los cambios en la estrategia para el refuerzo de la plantilla , cada vez más mermada, y que está redundando en una peor calidad del los servicios prestados a la ciudadanía, como se ha visto en el último año con las infinitas colas para la atención presencial del INSS y el Sepe, y que se traslada de igual manera a los puestos de la Agencia Tributaria o la Administración de Justicia. Explicaba Borra durante su intervención que las ofertas de empleo público de los últimos años, aunque han sido cuantiosas, deben complementarse con un plan de empleo a corto y medio plazo para garantizar la sostenibilidad del sistema. Y recordaba que, según datos de la Seguridad Social, en agosto se perdieron más de 11.000 empleos en las administraciones públicas, una cuarta parte de la oferta de empleo público de este año, asegurando que, más allá, la Administración Pública Estatal ha perdido 64.400 trabajadores en 10 años, ya que según el último registro del Boletín Estadístico de Personal (en julio de 2022 había 515.449 trabajadores/as, mientras que en julio de 2012 la plantilla era de 579.892). Reclaman desde CSIF de cara a abordar la problemática el suprimir la tasa de reposición para contribuir a la creación de empleo neto y diseñar plantillas adecuadas a las necesidades reales de la ciudadanía mediante la planificación plurianual a varios años de las ofertas de empleo público, además de la agilización de los procesos selectivos ( pueden pasar más de tres años desde la convocatoria de plazas hasta que finalmente los aspirantes se incorporan a sus puestos). En este plano, el sindicato también está preocupado por la situación de la temporalidad . Recuerdan que en la actualidad, según datos de la Encuesta de Población Activa, hay más de 1,1 millones de personas en situación de temporalidad en las administraciones públicas, lo que supone un 31% del total. «Los procesos de estabilización están en marcha y deben estar concluidos a 31 de diciembre de 2024, cuando la tasa de temporalidad no deberá superar el 8% para dar cumplimiento a los requerimientos de la Unión Europea», denuncian. Estatuto del empleado público Así, otra de las reivindicaciones se sitúa en el emplazamiento al nuevo Gobierno a acometer, junto con las organizaciones sindicales más representativas, la negociación del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) «manteniendo el espíritu con el que nació y siendo la norma básica del trabajador público». Aquí, exigen desde CSIF la implantación de la jornada laboral de 35 horas , el desarrollo de la carrera profesional en la Administración General del Estado y «vincular» al resto de las administraciones que no la han desarrollado. Además de favorecer la promoción interna, desarrollar el teletrabajo en el conjunto del Estado, homologar los permisos y condiciones laborales entre administraciones con la máxima de «igual trabajo igual salario», la adecuación de los Grupos Profesionales, la regulación de la jubilación parcial para los funcionarios y estatutarios y la regulación de las lenguas cooficiales como mérito, «nunca como requisito». También advierte el sindicato sobre los problemas de asistencia sanitaria a los que se enfrentan lo casi dos millones de funcionarios sujetos a los convenios con Muface , Mugeju es Isfas ante la infrafinanciación del acuerdo. «Queremos que el Gobierno incremente la financiación del concierto sanitario del mutualismo administrativo en Muface, Mugeju e Isfas correspondiente al periodo 2022-2024 para evitar recortes en la asistencia ante la situación económica y el incremento de los precios. Estamos en una situación desesperada para el modelo, para los mutualistas y para los cientos de miles de trabajadores cuyo puesto de trabajo dependen de que el mutualismo siga existiendo. La administración no quiere solucionar el problema y da la impresión que quieren acabar con el sistema por inanición», denunciaba Borra. MÁS INFORMACIÓN Oferta de empleo público: estas son todas las oposiciones para funcionario que ha aprobado el Gobierno Muface presiona a Hacienda para compensar las pérdidas por la atención médica a los funcionarios Por último, el máximo representante del sindicato mostró su preocupación por el hecho de que el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo en la AGE lleve ya un año durmiendo en un cajón, cuyo texto CSIF acordó con el Gobierno en noviembre de 2022, y que será un referente al conjunto de la sociedad para poder sancionar situaciones y conductas como la protagonizada por Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol durante el reciente mundial femenino. El texto, que aún está pendiente de aprobación, contempla que los funcionarios denuncien de forma simultánea acoso a través de «comportamientos físicos» como el «contacto físico deliberado y no solicitado», «abrazos o besos no deseados» y «acercamiento físico excesivo e innecesario y gestos obscenos».