Díaz y los sindicatos pactan el Estatuto del Becario sin el apoyo de los empresarios ni de las universidades

El Gobierno y los sindicatos habrían llegado este viernes a un acuerdo para sacar adelante el denominado Estatuto del Becario antes de la celebración de las elecciones generales el próximo 23J. Se trata de la última medida de calado que le quedaba en el tintero al Ministerio de Trabajo tras más de un año de negociaciones con los agentes sociales y sobre el que ya se había avanzado hasta quedar pendiente el punto de las prácticas extracurriculares. Este elemento es el que ha zarandeado la posibilidad de acuerdo definitivo desde el otoño pasado. Sin embargo, el acuerdo alcanzado no cuenta con el apoyo de dos de los tres agentes sociales que estaban incluidos en la negociación. Ni las empresas ni los representantes de los rectores de las universidades habrían dado el visto bueno a este acuerdo a las puertas de las elecciones y que deberá depurarse a través de un real decreto ley aprobado en alguna de las pocas reuniones del Consejo de Ministros y posteriormente convalidado por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. En octubre de 2022, el gabinete dirigido por la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz pacto un texto sobre la regulación de las condiciones de trabajo de los becarios que acceden a las empresas para realizar las prácticas formativas previas a la salida al mercado laboral. Entre los principales aspectos, se obliga a la compensación de los gastos que se generen para el alumno por la realización de las prácticas y se limita el número de becarios con los que puede contar la empresa. Sin embargo, desde ese momento en el que sustanció el pacto con CC.OO. y UGT el Gobierno trató de allanar el camino para que los empresarios se sumaran al acuerdo, pese al escepticismo que habían mostrado desde los momentos iniciales de la negociación. Primero aludiendo un cariz en la redacción de la ley que vertía sobre el empresario la presunción de abuso de la figura de los becarios de forma generalizada, y después por el punto concreto que trataba de regular e incluso eliminar las prácticas extracurriculares, es decir, aquellas que realiza el alumno con carácter voluntario ya que no están sujetas a un itinerario formativo. El Ejecutivo planteaba eliminarlas en un plazo de tres años como máximo considerando que este es el verdadero foco de fraude en las prácticas. En la última versión en la que se trataba de sumar a los empresarios se modulaba la limitación de este tipo de formación en el ámbito empresarial, se reducían al 15% del tiempo del total de créditos de la titulación y un máximo de 480 horas por curso. La imposible cuadratura del círculo Sin embargo, este punto es que viene poniendo en un brete la opción de un amplio consenso entre los actores implicado. No sólo por las discrepancias de la CEOE hacia esta limitación de las prácticas voluntarias, que recuerdan son una opción para el alumno que no tiene esta formación en el itinerario de su carrera y una posibilidad para las compañías para ciertos puestos de difícil cobertura. Sino también por el rechazo de la comunidad universitaria a la aplicación de la normativa. Señalan precisamente desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que esta medida incrementará los costes empresariales al obligar a las compañías a cotizar por los alumnos en prácticas por un lado, y que también aumenta la carga administrativa para los centros universitarios que se encargan de firmar los convenios con las empresas y que ahora deberán de tener en cuenta los nuevos preceptos acordados como parte del Estatuto. «Nuestra posición es contraria. Primero por la forma, ya que no es apropiada la aprobación de esta norma en un periodo de disolución de las cámaras», explica a ABC, el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, sobre el recién anunciado acuerdo. «No concurre la urgente y extraordinaria necesidad», señala sobre la posibilidad restringida de legislar en el momento preelectoral. «Limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado, algo imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre entre la formación teórica y el mundo del trabajo», señala Amor recordado que también «hay discrepancias entre la regulación de esta norma y la normativa universitaria recientemente aprobada, con lo que el riesgo de incurrir sanciones por falta de seguridad jurídica es alto».