Eduardo Gracia (Ashurst): «El dinero negro ha bajado por el Covid, no por las leyes antifraude»

Eduardo Gracia, jefe del Área Fiscal de Ashurst para Europa y EE.UU., aspira a presidir la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) , la plataforma que aglutina a algunos de los profesionales tributarios más importantes del país y que se ha convertido en la gran línea de defensa de los contribuyentes contra las acciones más agresivas de la Agencia Tributaria . -¿Por qué se presenta? -Creo que la asociación es un modelo de éxito, un ejemplo de lo que debe ser la sociedad civil y creo que con mi experiencia profesional puedo aportar los próximos cuatro años. Esta asociación siempre se ha caracterizado por ser reivindicativa en la defensa de los derechos del contribuyente, y hoy donde más cuesta conseguir derechos es en la relación del contribuyente con la administración tributaria . Noticia Relacionada estandar Si La ofensiva de Hacienda contra las fugas ficticias de contribuyentes a otros países detecta 97 casos y apenas aflora 28 millones Bruno Pérez La Agencia Tributaria solo ha sancionado irregularidades en uno de cada tres casos sospechosos que ha investigado -¿Así lo ve? -No es exclusivo de España. La administración tributaria tiene una serie de privilegios interpretativos y ejecutivos, y es fácil caer en los abusos. Hay que diferenciar bien la lucha contra el fraude, que es legítima, de los abusos que se cometen en su nombre. -¿El contribuyente está desprotegido frente a la autoridad tributaria? -Sí. La última norma de protección de los derechos del contribuyente acaba de cumplir 26 años y desde entonces ha habido no menos de tres leyes llamadas ‘de lucha contra el fraude’, que han incorporado medidas legítimas, otras muchas para desmontar jurisprudencia del Supremo que otorgaba derechos a los contribuyentes y algunas también de refuerzo de privilegios de la Administración. -¿A qué atribuye esa deriva? -A la necesidad de recaudar más. Desde la crisis financiera la deuda pública ha aumentado muchísimo y eso hay que pagarlo de alguna manera. Si los políticos necesitan mayor recaudación para que cuadren las cuentas, eso lleva a una mayor presión de la Administración a los contribuyentes. -Se ha justificado por la magnitud de la economía sumergida… -No todo lo que contabiliza la Agencia Tributaria es fraude fiscal, ahí hay de todo. Hay muchas cosas que se podrían eliminar de esas cifras anuales si las leyes estuvieran mejor hechas y si hubiera mayor colaboración entre Administración y contribuyente. -¿Ha servido para algo la ofensiva? -Es cierto que se ha conseguido una reducción sustancial del dinero negro, pero se ha debido más a la pandemia y a la generalización del pago con tarjeta que a 30 años de lucha contra el fraude con medios de represión. En un mundo en el que hay cada vez menos dinero negro hay que replantear la relación entre contribuyente y Agencia, e ir a más cooperación y prevención. -¿Qué papel puede jugar Aedaf? -Tenemos que impulsar un cambio de cultura en la Agencia Tributaria. Hay que acabar con los incentivos por levantar más deuda. No tiene sentido que desde 1991 el mensaje de la Agencia sea que cada año se descubre más fraude. Es reconocer un fracaso. Internamente se tiene que fomentar que los inspectores estén para ayudar a que nadie se equivoque y para que si alguien tiene una duda se resuelva en un tiempo razonable. Poder legislativo «El Congreso no está cumpliendo su función de defender al contribuyente del poder omnímodo de la Administración» Eduardo Gracia Candidato a la presidencia de Aedaf -Esto nos lleva al debate de la seguridad jurídica… -La mitad de las medidas de la ley de lucha contra el fraude revocan jurisprudencia del Supremo. Eso nos deja en una mala posición en términos de seguridad jurídica y no ayuda a que nadie se sienta a gusto invirtiendo en un país, cuando sabe que si la Justicia dice algo a favor del contribuyente lo más probable es que se lo acaben cambiando en la próxima ley que apruebe el Congreso. El Congreso, por cierto, no está cumpliendo su función de defender al contribuyente frente al poder omnímodo de la Administración. -¿Cómo está España en términos de seguridad jurídica comparada? -Tenemos un déficit de seguridad jurídica por una combinación de factores: leyes mal hechas, sistema judicial incapaz de atender el caudal de litigios que le llegan y ya si el Gobierno va diciendo por ahí que no le gusta que una empresa se vaya… Se debería legislar menos, crear menos impuestos y dar más estabilidad. -¿Se legisla mal en España? -En España hay un proceso formal de consulta, en el que Aedaf participa siempre, en el que no se tienen en cuenta las aportaciones realizadas. Debería mejorarse la participación de la sociedad civil en esa fase. Y cuando llega al Congreso también echamos de menos que se escuche más a profesionales, contribuyentes, a los afectados por las leyes que se aprueban. Eso mejoraría la calidad de los proyectos.