El Constitucional apela a la seguridad jurídica para avalar la reforma exprés de 2021 del impuesto a la plusvalía

El recién renovado Tribunal Constitucional ha terminado este jueves con la situación de provisionalidad jurídica en que operaba el impuesto a la plusvalía desde la reforma exprés aprobada por el Gobierno en noviembre de 2021, amenazada por sendos recursos de inconstitucionalidad del PP y Vox, y ha avalado la extraordinaria y urgente necesidad de aquel cambio legislativo, con el que se impidió que los ayuntamientos se quedaran sin la que constituye su tercer mayor fuente de ingresos. El Constitucional, en una sentencia de la que ha sido ponente el presidente Cándido Conde-Pumpido, desestima el recurso planteado por más de 50 diputados del Partido Popular contra la reforma gubernamental y consideraba probada la situación de extraordinaria y urgente necesidad que propició la modificación de la Ley Reguladora de Haciendas Locales en lo referente al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocida como Plusvalía Municipal, por la concurrencia de una “situación económica problemática explícita y razonada”, ya que el movimiento tuvo “como finalidad colmar el vacío normativo producido por una declaración de inconstitucionalidad y, de no haberse aprobado la norma cuestionada, no hubiera sido posible seguir recaudando el impuesto por parte de las entidades locales”. No era la primera vez que el Constitucional tildaba de ilegales determinados aspectos del impuesto, pero quizá por esa misma razón la sentencia en cuestión impidió aplicar de manera efectiva el impuesto en tanto no se resolvieran los problemas de legalidad que se sabía que arrastraba desde el año 2017. Precisamente ese fue uno de los argumentos que esgrimió el Partido Popular para impugnar la extraordinaria y urgente necesidad del Real Decreto Ley del Gobierno, ya que desde 2017 se sabía que determinados preceptos del mismo eran ilegales y nada se había hecho para resolverlo. La expectativa de ver bloqueada durante semanas o meses una vía de ingresos que aporta unos 2.500 millones de euros anuales a las arcas municipales y que pasa por ser su tercer mayor fuente de ingresos animó una reforma exprés que utilizó la vía del Real Decreto Ley para, como dijo el Gobierno, “devolver la constitucionalidad al impuesto de la plusvalía”.