El Falcon del Gobierno y la sede del Cervantes en Londres, en la lista de posibles embargos por los impagos de arbitrajes

Un importante número de inversores extranjeros afectados por el drástico recorte en 2014 de la rentabilidad de las plantas renovables en España están rastreando la flota de aviones oficiales empleados por el Gobierno, para realizar vuelos en el espacio internacional, para su posible embargo ante los impagos del Estado de los laudos en las cortes de arbitraje que suman unos 2.000 millones de euros. Las que están fijadas rondan los 1.200 millones y quedan otros 800 millones por dirimir, 600 de los cuales han sido reclamados por la alemana E.ON. Una vez que hayan sido identificados debidamente, serán susceptibles de confiscación en el marco de la toma de medidas cautelares. Entre ellos estarían los modelos Falcon y A-310 empleados por el presidente Pedro Sánchez y sus ministros, que tienen un valor de mercado cercano a los 45 millones de euros. El año pasado, Sánchez utilizó el Falcon, de media, cada dos días. Noticia Relacionada estandar No Fracaso sin precedentes de la subasta de renovables: solo se adjudica el 1,4% de la potencia Javier González Navarro El resultado pone de manifiesto las fuertes diferencias entre, por un lado, las eléctricas y, por otro, la CNMC y Teresa Ribera Recientemente, el Gobierno ha perdido el litigio que abrió ante la justicia de Países Bajos para pedir medidas cautelares y evitar que también en suelo neerlandés se puedan invocar medidas de protección contra los impagos del Estado español de los laudos aprobados. Y hoy comienza en el Tribunal Superior de Londres la vista en la que los representantes del Estado español intentarán anular las indemnizaciones reclamadas por Servicios de Infraestructura Luxemburgo y Energía Termosolar, inversores de una planta en Granada. Estos ya han pedido el embargo cautelar de los 925 millones de euros de la indemnización por la catástrofe del Prestige para cobrar 120 millones de euros. Otros activos que podrían ser confiscados serían un edificio de oficinas oficiales y la sede del Instituto Cervantes ubicadas en pleno centro de Londres. La lista de activos, que podría incluir obras de arte prestadas en algunos museos, es manejada por las empresas y sus respectivos equipos jurídicos. «Ahora que ya hay sentencias firmes y se rechazan las peticiones de medidas cautelares y demás tácticas con las que se pretendía ganar tiempo, ya se está tirando de la lista de forma selectiva», afirman a ABC fuentes conocedoras de los procesos. El precedente de Cristina Kirchner Hay que recordar que hace unos años la fragata Libertad de la Marina argentina fue retenida en Ghana por un grupo de acreedores y la propia presidenta, Cristina Kirchner, tuvo que cambiar el avión presidencial Tango por otros alquilados o de líneas regulares para que no se lo embargaran. Mientras, desde el Ministerio para la Transición Ecológica subrayan que en los casos en que las pretensiones de los demandantes han sido parcialmente admitidas, España ha formulado recursos de anulación y que «ninguno de los laudos se ha llegado a ejecutar». En la actualidad, de los 51 arbitrajes presentados , se han dictado 28 laudos, dos se han anulado, otros 20 están pendientes y tres demandantes han desistido, acogiéndose al marco establecido por el RDL 17/19. En el ministerio destacan que « los laudos han rebajado sustancialmente las indemnizaciones reclamadas , hasta el punto de rondar el 12% sobre lo demandado, una proporción muy baja en la práctica habitual de los arbitrajes, y que, además, sigue una tendencia descendente: los nuevos laudos otorgan compensaciones cada vez más bajas». Además, apuntan que « los pagos pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una ayuda de estado ilegal. En consecuencia, cuando España recibe un laudo reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas, de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea por la que se aprobó el régimen de ayudas en apoyo a la generación de electricidad por fuentes renovables de energía y cogeneración». Y subrayan que España no puede pagar antes de que la Comisión se pronuncie, de modo que obra cumpliendo fielmente con sus obligaciones legales». Contratación de prestigiosos despachos El Estado se gasta 71 millones en evitar pagar las indemnizaciones El Ministerio para la Transición Ecológica ha desembolsado ya más de 71 millones de euros en los últimos años en concepto de gastos legales asociados a los distintos procedimientos con los que el Gobierno pretende eludir su responsabilidad de proceder a indemnizar a los inversores afectados con 1.175 millones de euros. La cifra, apuntada por fuentes conocedoras de los arbitrajes, responde sobre todo a los contratos realizados por el departamento de Teresa Ribera con varios de los más prestigiosos despachos de abogados para defender los intereses del Reino de España. Entre ellos están los estadounidenses Sovereign Arbitration Advisors, Williams and Connolly y K&L Gates. También Johnson Winter and Slattery, con sede en Australia, y el suizo Froriep Legal. Estos despachos han llevado el peso en los arbitrajes, ya que era demasiado trabajo para los esforzados abogados del Estado, los cuales, carecían de experiencia en estos casos. Por otra parte, y puesto que las indemnizaciones que decretan los laudos están vinculadas al euríbor, el coste de satisfacer las obligaciones de los inversores se está encareciendo a tasas anuales del 3%. Habida cuenta de que los arbitrajes pendientes de pago ascienden a 1.175 millones de euros, la estrategia de seguir retrasando el cumplimiento de los laudos está generando un sobrecoste anual que ronda los 50 millones de euros y que seguirá aumentando en los próximos años. Este conflicto estalló en 2014 , cuando el Gobierno de Mariano Rajoy redujo la rentabilidad prevista de las plantas renovables para pinchar la burbuja del déficit de tarifa, que suponía una hipoteca para los consumidores de casi 40.000 millones de euros, cifra que terminaremos de pagar a través de las facturas en 2028. Este hachazo fue recurrido por numerosos inversores nacionales ante el Tribunal Supremo, que dio la razón al Ejecutivo . Sin embargo, los inversores extranjeros acudieron a varias cortes internacionales de arbitraje –donde no podían ir los inversores nacionales–, como el CIADI (Banco Mundial) y el tribunal de Estocolmo. Las indemnizaciones solicitadas por todos ellos sumaban unos 10.000 millones de euros. De momento, los laudos resueltos solo suman 1.200 millones.