Las compañías eléctricas llevan varios años reclamando un endurecimiento de la legislación sobre los fraudes eléctricos , ya que es un delito que está multiplicándose por todo el país sobre todo por las numerosas plantaciones de marihuana. Precisamente, estas empresas afirman que el hecho de que la legislación sea «muy laxa», sobre todo se la comparamos con otros países europeos, propicia el crecimiento de los enganches ilegales en nuestro sistema eléctrico. Noticia Relacionada estandar Si Técnicos de Endesa se ven obligados a trabajar con pasamontañas y escolta policial para cortar los enganches ilegales Javier González Navarro El fraude en las instalaciones eléctricas supuso un coste para todos los consumidores de 3.128 millones en 2022 El Código Penal recoge en su artículo 255 que «será castigado con la pena de multa de tres a doce meses» el que cometiere defraudación utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos, por alguno de los medios siguientes: Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación. Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores. Empleando cualesquiera otros medios clandestinos. Por otra parte, «si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses ». Si no es posible conocer la cifra defraudada, la ley establece que la cantidad a facturar corresponderá al 100% de la potencia eléctrica contratada durante seis horas al día en el último año. Las penas por delito de fraude eléctrico en Europa son muy superiores a las de España y tienen un carácter disuasorio para la comisión del delito, destacan fuentes de Endesa. El Código Penal alemán establece una pena de cárcel de hasta cinco años por fraude eléctrico. En Italia, se equipara con el delito de hurto, con una pena de cárcel de seis meses a tres años de prisión. Y en Francia se asimila la defraudación de energía eléctrica al robo con una pena privativa de libertad de tres años y una multa de 45.000 euros. En las memorias de la Fiscalía de Andalucía de los años 2019 y 2020 ya se apuntaba «la levedad de reproche penal del delito de defraudación de fluido eléctrico». En la memoria de 2021 se puede leer en la página 203 que «en las provincias de Almería y Granada se ha disparado la incoación de los procedimientos por el tráfico de marihuana bajo techo, como advierte el fiscal delegado de Granada en su memoria, donde la situación es muy grave». Cita como ejemplo el distrito Norte de esa ciudad, donde «se asientan unos 16 clanes familiares dedicados al cultivo de esta droga, donde disfrutan de su espacio de confort, ejerciendo la intimidación sobre los vecinos para extender su territorio y ocultar su actividad, con un control absoluto de los movimientos policiales y defensa frente a otras organizaciones». Cortes en barrios enteros En la citada memoria se subraya que «en Sevilla, Huelva, Málaga y el área de Jerez de la Frontera se alerta por los fiscales delegados antidroga el aumento considerable de los grupos y organizaciones dedicadas al cultivo bajo techo de este tipo de droga. Esto supone un aumento de la criminalidad conexa, defraudaciones de fluido eléctrico con las consecuencias de cortes de suministro para barrios enteros, como sucede también en zonas de Sevilla». Desde Endesa apuntan que siguen trabajando activamente en la lucha contra el fraude eléctrico. «En 2022, se realizaron un total de 40.590 inspecciones en la provincia de Sevilla y de ellas el 27% tuvieron como resultado fraude. En lo que llevamos de 2023, se han realizado 3.998 revisiones con un 25% de fraude detectado». Y añaden que «cada vez que se llevan a cargo estas intervenciones se consiguen bajar las cargas de los centros de transformación de forma considerable, pero en la mayoría de las ocasiones esas cargas vuelven a aumentarse a los pocos días de la intervención, lo que nos demuestra que el defraudador es reincidente ».
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El fraude eléctrico se castiga en España sólo con multas y con cárcel en los países del entorno
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