El Gobierno agota el margen del Estado como avalista y engorda la deuda ‘durmiente’ de España

Los históricos niveles en los que se mueve la deuda pública española en los últimos tiempos , rozando el 113% del PIB según los últimos datos disponibles, son señalados como insostenibles desde la Comisión Europea y los organismos internacionales, pero sin embargo no ilustran en su totalidad la magnitud de los riesgos financieros a los que está expuesto el sector público doméstico. Los datos de endeudamiento público no reflejan por ejemplo la financiación avalada o garantizada por el Estado , un importante foco de riesgo para las cuentas públicas que la normativa europea sobre gobernanza económica ha obligado a transparentar a los países miembros en los últimos tiempos y que en España ha crecido de manera exponencial en los últimos tres años a cuenta de las medidas adoptadas por el Gobierno, singularmente por las líneas de avales del ICO. El volumen de financiación con aval o garantía del Estado -y por la cual la Administración tendría que responder con sus propios recursos en caso de impago- se disparó en este contexto desde los 98.000 millones de euros en que estaba en 2019 hasta superar los 163.000 millones en 2021, último ejercicio para el que existen datos oficiales, según la información proporcionada en el informe sobre la Cuenta General del Estado de ese año del Tribunal de Cuentas. Focos de riesgo La parte del león de esta escalada se explica por una de las medidas estrella acivadas por el Gobierno en lo más duro de la pandemia: la línea de avales del ICO . El instrumento ideado por el Gobierno con la colaboración técnica del Banco de España tuvo la virtualidad de canalizar en poco tiempo hacia el tejido productivo un volumen ingente de financiación de más de 140.000 millones de euros sin sobrecargar aún más el endeudamiento del Estado y sin impacto directo sobre el déficit, pero engrosó también en 100.000 millones de euros la exposición al riesgo de las cuentas españolas al dotar todo ese volumen de financiación de una garantía estatal de hasta el 80%. En otras palabras, que el Estado se compromete a cubrir hasta el 80% de las pérdidas generadas por los impagos de esa línea de avales. Al cierre de 2021, según los datos proporcionados por el Tribunal de Cuentas, el Gobierno había dotado una provisión de 5.900 millones de euros para cubrirse ante posibles impagos en la financiación proporcionada al tejido empresarial a través del ICO . La eventual materialización de esas contingencias tendría impacto en déficit. Por magnitud, el segundo mayor flanco de riesgo son los cerca de 44.000 millones de euros que aún están operativos del aval de 53.900 millones que el Gobierno español concedió a la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera para sufragar la factura de los rescates ejecutados en la gran crisis financiera de hace más de una década. En esa cuenta están también los algo más de 34.000 millones de euros de la deuda senior emitida por Sareb y garantizada por el Estado cuya recuperación a partir de las ventas de los activos de los que dispone la sociedad es incierta, como lo demuestra la provisión de 9.933 millones que tenía dotada el Estado al cierre de 2021 ante la posibilidad de que no se pueda recuperar esa inversión. Código Desktop Imagen para móvil, amp y app Código móvil Código AMP 1360 Código APP Otros focos de riesgo financiero para las cuentas del Estado son el déficit de tarifa, que al cierre de 2021 implicaba 10.310 millones; los avales españoles para financiar el fondo europeo Sure (2.253 millones) y el Banco Europeo de Inversiones (2.092 millones), o los 1.061 millones en garantías otorgadas por el Estado a Navantia para impedir la entrada de la empresa naval del Estado en causa de disolución. Aumentar los controles La utilización intensiva de la figura del Estado como avalista y asegurador de último recurso de la financiación otorgada a empresas, particulares y entidades financieras en los últimos años ha empujado al Tribunal de Cuentas a elevar la voz y pedir un cambio legal que fije las cautelas necesarias para contener el crecimiento imparable de esta partida. Noticia Relacionada estandar No Siete anuncios de Pedro Sánchez por 8.000 millones a un mes del 28M ABC El presidente del Gobierno utiliza cinco mítines del PSOE y dos sesiones de las Cortes para lanzar golpes electoralistas La autoridad contable propone que más allá de los límites anuales que se establecen en los Presupuestos la normativa fije «un límite máximo del saldo vivo de avales en vigor, de modo que el Parlamento autorice el riesgo máximo que el Estado puede asumir». «Se trata de riesgos con probabilidad de acabar convertidos en déficit», advierte el exinterventor general del Estado, José Alberto Pérez . «Y debería haber una identificación exhaustiva del riesgo implícito detrás de cada aval». Ese mapeo de riesgos no existe en España y según Pérez actuaría como alerta temprana ante situaciones de riesgos y permitiría además dotar provisiones en aquellos casos en que la recuperación de la financiación garantizada fuera más improbable, como protección para las cuentas públicas.