El Gobierno condiciona el cambio de propiedad en Celsa al mantenimiento de los empleos

Mantenimiento de los empleos y de los centros de trabajo. Es la condición que fija la sentencia que otorgó a los fondos el control de Celsa y que ahora pone el Gobierno para autorizar la operación. Y es que según trasladan desde el Ejecutivo, es el Consejo de Ministros el que debe dar el visto bueno a la salida de la familia Rubiralta de la dirección del gigante siderúrgico, ya que el cambio de propiedad está sujeto al Control de Inversiones Extranjeras. Desde el Ministerio de Industria subrayan su «máximo respeto a las decisiones judiciales», después de que un juzgado mercantil de Barcelona fallase a favor de los fondos de inversión – que lideran Deutsche Bank, SVP y Cross Ocean – para tomar el control del grupo.- Una resolución, contra la que no cabe recurso, que acordó la homologación del plan de reestructuración propuesto por los mismos, y en la que el magistrado señaló que el citado plan, no solo reúne todos los requisitos legales, sino que, «dado que el importe de la deuda -de más de 3.500 millones- es muy superior al valor de la compañía, con la propuesta de los acreedores, se asegura la viabilidad» de Celsa. Noticia Relacionada estandar Si Los fondos desalojan a los Rubiralta al frente de Celsa Àlex Gubern Un juzgado mercantil da la razón a los acreedores y les permite hacerse con la propiedad del gigante industrial del acero Un fallo en el que el juez advirtió además a los nuevos dueños que «deben cumplir estrictamente sus compromisos , preservando e incrementando el valor de la compañía, manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo, y ello sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto». Ahora el Gobierno traslada «la máxima tranquilidad» a los empleados, y anuncia que «negociará con los nuevos propietarios para garantizar la viabilidad futura de la empresa, así como la integridad de sus unidades de negocio , el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, la continuidad del domicilio social en España y la puesta en marcha de una gobernanza corporativa moderna, independiente y profesional». Empresa estratégica Por su parte, desde Celsa , con algo más de 10.000 empleados , han indicado que, «dentro del necesario respeto a la sentencia», velarán «por los intereses industriales, sociales y económicos que no solo afectan a la compañía sino a todo su entorno, cadena de valor y trabajadores». En un comunicado este martes, el grupo constata que el plan de reestructuración homologado por el juez «significa la toma de control por parte de inversores extranjeros de una empresa estratégica española ». Es decir, que está sujeto y, por lo tanto, pendiente, de la autorización expresa del Gobierno.