El gran consumo busca el hilo de la competitividad en el laberinto legislativo

Acompasar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la competitividad empresarial y el crecimiento económico es una compleja ecuación que no siempre es fácil de resolver. A ese equilibrio inestable se enfrenta una industria como la de la gran consumo, que ha tenido que afrontar en los últimos meses un acelerón legislativo en materia de sostenibilidad. Las empresas del sector aseguran que falta un enfoque integral en estas actuaciones y que se está obligando a avanzar más rápido que el resto de Europa, forzando costes adicionales en el contexto más complejo (incremento de la inflación, crecimiento de los costes de producción, aumento del coste de la energía…). De hecho, este fue uno de los argumentos centrales del reciente V Congreso de Desarrollo Sostenible organizado por la patronal del sector (Aecoc). Su director general, José María Bonmatí, destacó que « los costes legislativos que se están incorporando son difíciles de asumir en un entorno en el que las empresas están sacrificando márgenes». En la misma línea, el director general de FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas), Mauricio García de Quevedo, reclamaba «trabajar desde la colaboración público-privada, respetando tanto la unidad de mercado como la seguridad jurídica, y acompasando las medidas a los tiempos del resto de Europa y a sus circunstancias». Noticia Relacionada estandar Si El tributo al plástico envuelve en la incertidumbre a las empresas Antonio Ramírez Cerezo A 15 días de su entrada en vigor se desconocen los detalles de su aplicación Durante el congreso (que contó con AFCO, la Asociación de Fabricantes de Envases de Cartón como partner global), García Quevedo detalló el impacto de las recientes medidas legislativas en materia de sostenibilidad, como es el caso del impuesto al plástico, que requieren de un ‘café para todos’ a la hora de aspirar a la unidad de mercado y a la seguridad jurídica. Una tarea común ante la que Isaac Peraire, director de la Agencia de Residuos de Cataluña, apunta que «nuestra responsabilidad es intentar hacerlo fácil y acompañar tanto a las empresas como a la ciudadanía, por lo que con cada norma debe haber una interpretación consensuada y unas acciones que permitan aplicarla». Paloma Sánchez Pello, directora de Competitividad y Sostenibilidad de FIAB, resume la esencia de los esfuerzos de esta institución integrada por 45 asociaciones, con más de 38.000 millones de euros en exportaciones, más de 30.000 empresas, y que da empleo directo a cerca de 500.000 personas y a 2,5 millones de manera indirecta. Una clara responsabilidad social ante la que pide, después de años de adaptación de modelos de negocio, «la imprescindible colaboración público-privada, la unidad de mercado, la seguridad jurídica y el acompasar las medidas a los tiempos del resto de Europa y a las condiciones coyunturales». Nuevos impuestos En este contexto, Sánchez Pello hace hincapié en «medidas como la imposición de los nuevos impuestos recogidos en la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, especialmente el Impuesto Especial a los Envases de Plástico de un solo uso, con un impacto de 690 millones de euros, así como la extensión de los costes de Responsabilidad Ampliada del Productor, con un coste de otros 1.000 millones de euros aproximadamente… llegan en el peor momento». Nuevos pasos en un escenario en el que (como señala la especialista) España es el único país que ha implementado el impuesto al plástico para las empresas, y en el que se debe apelar a la Unión Europea para establecer «proporcionalidad, armonización y coherencia de las medidas para la garantía del mercado interior y la libre circulación de bienes». Un corpus normativo europeo, nacional y autonómico que requiere estar en perfecto estado de revista en cuanto a la sostenibilidad. Máxima exigencia En el caso de Aecoc (más de 32.000 empresas asociadas cuya facturación conjunta supone cerca del 25% del PIB nacional), su gerente de sostenibilidad, Cinta Bosch, señala cómo en España se han ampliado las prácticas europeas sobre el plástico de un solo uso «a artículos no previstos, como las anillas de agrupación de las bebidas o los envases monodosis». Añade, además de lo comentado en el congreso, novedades legislativas como la obligación de vender frutas y verduras de menos de 1,5 kg a granel «una medida tampoco impuesta por Europa, mientras que también se han fijado objetivos ambiciosos de reutilización en el canal horeca y minorista. Estas medidas, ya en funcionamiento en nuestro país, están en fase de debate en la Comunidad Europa para su inclusión en el futuro Reglamento de Envases». Modelos responsables Susanna Casanovas, responsable de Proyectos de Residuos de la consultora de sostenibilidad Anthesis Lavola, destaca la importancia «de acompañar a las organizaciones no solo en el cumplimiento de los requisitos legales, sino a integrarlos en la estrategia para desarrollar e innovar en productos y servicios en los nuevos modelos de negocio». Considera que, en línea con los requerimientos del desarrollo sostenible, «la normativa es ambiciosa, para que las empresas se responsabilicen de los productos que comercializan desde su diseño hasta el final de su vida útil, incrementando las obligaciones en base al principio de Responsabilidad Ampliada del Productor, y destaca cómo, por ejemplo, España es uno de los primeros países europeos (con Reino Unido e Italia) en implementar el impuesto sobre envases de plástico no reutilizables. Tiempo, por lo tanto, para organizar cambios importantes en la operativa de las empresas para asumir este indudable aumento de costes, a vueltas con la responsabilidad en el tratamiento de envases, que suponen millones y millones de unidades en busca del mejor reciclaje posible. Todo suma, como añade Bosch, «para que el sector del gran consumo haya reducido hasta un 29,8% sus emisiones de CO2 en los últimos años. Las empresas comparten muchos de los objetivos planteados por las normativas aprobadas, pero, eso sí, reclaman mayor tiempo para alcanzarlos y tener en cuenta el complejo contexto actual a la hora de impulsar medidas que generan nuevos costes». Nuevos tiempos La Ley del Cambio Climático y Transición Energética establece, como marco general (junto a otras como la Ley de Residuos y Suelos Contaminados o el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases), las pautas para lograr la neutralidad climática en 2050. Por lo tanto, requiere un esfuerzo especial para adaptarse a estos nuevos tiempos de economía circular que, en el caso de Aecoc, se articula en iniciativas como Lean&Green, iniciada en 2017 y que ha conseguido hasta ahora un ahorro medio relativo del 30% en las emisiones de gases de efecto invernadero en su actividad logística. Una queja repetida es que el ritmo legislativo está por encima de las exigencias europeas En línea con este cumplimiento, ‘El camino del supermercado hacia la economía circular’, la reciente jornada organizada por ‘Natural’ en la sede de Vocento el pasado febrero, contó con la participación de Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados). Una institución que representa al 75% de la distribución de alimentos en España, con 19.000 puntos de venta en los que 15 millones de personas hacen la compra cada día y que ha conseguido solo un 1% de desperdicio alimentario. Un encuentro en el que, a la vez que se incidió en la exigencia normativa en el modelo español, se subrayó un elemento muy a tener en cuenta: de los indicadores de riesgos marcados por el Foro Económico Mundial, seis de cada diez serán medioambientales en los próximos años.