José F. Estévez: «En Ferrovial, ha triunfado el derecho europeo y la libertad de establecimiento»

Hace aproximadamente un mes, el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo fue contratado por Ferrovial para asesorarle en asuntos jurídicos que rodean la decisión de fusión inversa de la constructora que conllevaría el traslado de sede al país de origen de la compañía compradora, filial de Ferrovial, en Países Bajos. José F. Estévez, vicepresidente ejecutivo del despacho y miembro de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), tiene claro que la operación está dentro del derecho comunitario y que no comporta ningún peligro para los intereses de los accionistas ni supone que Ferrovial se vaya de España o prescinda de su plantilla. -¿Qué primera lectura sacan en el despacho del respaldo masivo de los accionistas a Ferrovial en su decisión de mudarse a Países Bajos? -La sensación que tenemos es que se ha impuesto finalmente la razón y, claramente, ha triunfado el derecho de la Unión Europea y la libertad de establecimiento y de movimientos de capital. Estamos ante un caso en el que lo que estaba haciendo el Gobierno estaba fuera de lugar. Ferrovial es una compañía privada que lo único que ha hecho es ejercer un derecho. -Nunca antes se había vivido en la España democrática una situación de tanta presión de un Gobierno para cambiar o influir en las decisiones económicas de una empresa privada, ¿es su impresión? -Desde luego es sorprendente. Al Gobierno español, y a cualquier Gobierno de cualquier otro país democrático, le puede parecer bien o mal unas determinadas decisiones de las empresas que operan en su país de forma privada, pero al final son los accionistas de la compañía, los dueños, los que deciden sobre su interés social. Repito porque es muy importante, los accionistas son los dueños de las compañías, no los gobiernos ni los partidos políticos. Lo que ha hecho el Gobierno contra Ferrovial nos parece fuera de lugar. -El pasado jueves, los accionistas de Ferrovial dieron pues luz verde, y de forma masiva, a la mudanza de la sede social de la constructora a Países Bajos, si bien aún queda un mes por delante para saber si finalmente los que votaron en contra (representantes de un 5,8% del capital) se adherirán al llamado derecho de separación. ¿Teme que si el accionista que posee el 4,5% del capital (el hermano de Rafael del Pino, Leopoldo) haga uso del mismo la operación se vaya al traste? -No lo temo en absoluto. Una cosa es votar en contra en junta de accionistas, y otra cosa es ejecutar ese derecho de separación y quedarte además fuera de la empresa. Hay que esperar ese mes para saber finalmente si ocurre, pero una adhesión mayor del 2,5% ni la contemplábamos antes ni la contemplamos ahora. Ha sido al final un apoyo unánime de los accionistas, que son variados, por tamaño, por ‘proxy advisors’, por la naturaleza de los fondos que invierten y por los minoritarios. -¿Y los empleados? ¿Han habido voces discordantes? -Están encantados. Tal y como ha dicho su presidente, Ferrovial no se va de España, sólo ha buscado la forma adecuada para tener mejores fuentes de financiación, de liquidez, para seguir creciendo y, por tanto, repercutirlo en beneficios para sus accionistas y empleados. Quien no quiera verlo así está anclado en el pasado más nacionalista que uno pueda recordar. -Usted también es miembro de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), ¿qué opina sobre que algunos fondos soberanos hayan asegurado que el traslado de sede podría reducir el poder de los accionistas minoritarios en Ferrovial en la toma de decisiones? -Son advertencias teóricas pero no un motivo suficiente para haber rechazado la propuesta. Claro que puede haber riesgos pero son más los beneficios claramente. Noticia Relacionada opinion Si Del Pino le hace el pase del desprecio a Sánchez María Jesús Pérez El presidente de Ferrovial le ha dado al sanchismo una clase magistral de física práctica: todo lo que se construye en el aire termina cayendo al suelo -La reacción del Gobierno tras el éxito de la junta de accionistas ha sido de rechazo, pero variada. Hay quien ha dicho que respeta la decisión aunque no la comparte, como la vicepresidenta Nadia Calviño, y quien ha seguido atacando con descalificaciones a la compañía, como la vicepresidenta Yolanda Díaz o la ministra Ione Belarra. ¿Les preocupa que vuelvan a la carga por el lado de la fiscalidad y remarcando que la compañía se va en busca de una mejor tributación? -La aplicación del derecho es para todo el mundo. Lo que no se puede hacer es prejuzgar con carácter previo sin saber ni las razones ni los por qué acusando de que lo hacen para eludir impuestos. Toda la operación se puede someter al estudio de la fiscalidad, pero la razón por la que se hace no es con ese fin ni mucho menos. Un Gobierno no es quién para meterse en lo que es mejor para una compañía, no es su accionista. -Entonces, ¿no preocupa que desde el seno del Ministerio de Hacienda se siga diciendo que van a seguir vigilantes porque siguen pensando que no hay motivos suficientes para el traslado de la empresa a Ámsterdam? -Ferrovial es transparente. La tributación será más o menos similar. Hay ventajas económicas grandes, de liquidez, de financiación, pero esta operación no se hace por un tema de impuestos. Ferrovial tiene bien estudiado que no van a poder demostrar nada, porque no se persigue esa intención en ningún momento, como remarcó el presidente en la junta. La empresa cumple con los requisitos para acogerse a la neutralidad fiscal.