La Corte de La Haya condena a España a indemnizar a la francesa EDF con 30 millones por el recorte a las renovables

La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA) ha condenado a España a indemnizar al grupo energético público francés EDF con un pago de 29,6 millones de euros por la retirada retroactiva de las primas a las renovables aprobada por el Ejecutivo español en 2014. El proceso quedó resuelto el pasado mes de abril, aunque la publicación definitiva del laudo y su comunicación oficial al Gobierno de nuestro país se ha producido en los últimos días, según ha confirmado ABC. El laudo favorable a la compañía gala viene a ampliar la larga lista de sentencias condenatorias contra el Reino de España por este asunto. En concreto, ya se han emitido 23 laudos que instan al Ejecutivo de Pedro Sánchez a resarcir a las compañías afectadas por una suma total de unos 1.200 millones de euros. Noticia Relacionada estandar Si Calviño abre la puerta a que el Estado pague los laudos de las renovables en contra del criterio de Ribera Javier González Navarro La vicepresidenta económica está preocupada por la imagen de nuestro país ante los inversores e instituciones a pocas fechas de que España presida el Consejo de la UE En el caso de EDF, la sentencia condenatoria con España puede desatar nuevos procesos de embargo de bienes en países como Suiza. De momento, el Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado el desembolso de 300.000 euros para contratar los servicios del bufete helvético MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep e intentar evitar la incautación de activos del Reino en dicho país. EDF es una de las empresas más importantes afectadas por la retirada retroactiva de las primas a las renovables, pero la lista también incluye a otras corporaciones como la alemana RWE, Antin y NextEra. Próximamente se espera la resolución del proceso que involucra a la alemana E.ON, cuya reclamación asciende a 600 millones de euros. La mayoría de los laudos se han canalizado a través del Banco Mundial y de su Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Sin embargo, el proceso de EDF se tramitó ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA), de modo que esta resolución amplía la cobertura legal que están recibiendo los denunciantes ante los tribunales internacionales. España acumula más de 1.200 millones de euros en laudos pendientes de pago. Asimismo, la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez de negarse a resarcir a los afectados ha generado un coste adicional de 250 millones de euros en concepto de gastos legales, condenas en costas e intereses de demora. Algunas de las compañías afectadas han puesto en marcha distintos procesos legales orientados a conseguir el embargo de bienes del Reino de España. De momento, los denunciantes han logrado el visto bueno de la justicia británica y australiana y han abierto la veda a la incautación de todo tipo de activos , caso de la indemnización por la catástrofe del Prestige (más de 900 millones de euros) y el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres, así como de sus cuentas.