La ofensiva de Hacienda contra las fugas ficticias de contribuyentes a otros países detecta 97 casos y apenas aflora 28 millones

Cruces de fuentes de información, explotación de tecnologías de ‘big data’, rastreo de consumos, la Agencia Tributaria ha puesto en los últimos años todas sus capacidades tecnológicas y operativas al servicio de la detección de deslocalizaciones ficticias de contribuyentes a otros países, o a otros territorios dentro de España, en busca de un contexto fiscal más amigable, una práctica que el Ejecutivo ha llegado a tildar de «conducta extraordinariamente lesiva» para la Hacienda Pública. Los datos de balance de la lucha contra el fraude fiscal difundidos este martes desde el Ministerio de Hacienda arrojan, sin embargo, un saldo bien limitado sobre el impacto real de estas prácticas en la potenciales pérdidas de recaudación de las arcas públicas. Según la información proporcionada por el Ministerio, a lo largo de 2022 la Inspección de Hacienda cazó a 97 contribuyentes que presuntamente (tienen la posibilidad de recurrir estas actuaciones) habrían establecido su residencia de manera irregular en otros países, a los que se les pasó una factura de 28,2 millones de euros. La Agencia Tributaria rastreó un total de 252 operaciones sospechosas por lo que solo encontró irregularidades en alrededor de uno de cada tres casos. (((Habrá ampliación)))