La reforma de la tarifa regulada de la luz no garantiza que bajen los precios

El Consejo de Ministros ha dado ‘luz verde’ a la reforma de la tarifa regulada la luz, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (pvpc), que busca proteger a los consumidores eléctricos de futuros episodios de volatilidad en los precios, como los vividos el año pasado por la crisis energética por la guerra de Ucrania, aunque no garantiza un descenso de los mismos. El real decreto modifica la metodología de cálculo de la tarifa regulada de la luz pero, en la práctica, no cambia nada para los consumidores, ya que el coste de la tarifa seguirá dependiendo del mercado mayorista, es decir, de la participación de las distintas tecnologías. Si hay más renovables y nucleares, los precios serán más baratos, como ahora; si participan más las centrales de gas, subirán, también como hasta ahora. Noticia Relacionada entrevista estandar Si Marina Serrano (patronal de las eléctricas): «La factura de la luz es difícil de entender, pero está diseñada por el ministerio de Transición Ecológica» Javier González Navarro Insiste en que las eléctricas no reciben beneficios ‘caídos del cielo’ y rechaza el nuevo impuesto Actualmente, la tarifa regulada está referenciada al 100% al mercado mayorista, por lo que está muy expuesta a los vaivenes de los mercados. Con la reforma, se introducirá progresivamente un porcentaje del mercado a futuros. Así, en 2024 será un 25% de futuros y un 75% del mercado mayorista. Al año siguiente, 40-60% y en 2026 y siguientes el 45-55%. Mientras, las referencias de precios de los mercados a futuros estará integrada por una cesta de productos a plazo con distinto horizonte temporal: el 10% correspondería al producto mensual, el 36% al producto trimestral y el 54% al producto anual. En resumen, la reforma no influirá en el bono social ni en el autoconsumo ni en las franjas horarias -periodos valle, medios o altos- actuales. Tampoco variarán las facturas de la luz y el consumidor no tendrá que hacer ningún trámite. De esta manera, el Ejecutivo entierra el pvpc -al que están vinculados unos nueve millones de hogares, entre ellos los 1,5 millones que reciben el bono social- como se ha conocido hasta la actualidad, que fue creado en 2014 por el Gobierno del PP y que, indexado a los precios diarios del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel), había sido la opción más barata para los pequeños consumidores desde su creación, cuando se abordó como una reforma de la tarifa eléctrica por los problemas de las subastas Cesur. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consideran que lo que ha ocurrido con la crisis motivada por la guerra de Ucrania es un episodio que se podrá repetir en el futuro, ya que el peso marginal de los combustibles fósiles va a ser decreciente pero se van a producirse fenómenos geopolíticos que provocarán estas crisis de precios, por lo que está nueva medida, uno de los compromisos también del Gobierno con la Comisión Europea cuando se recibió el visto bueno a la aplicación de la denominada ‘excepción ibérica’ para España y Portugal, tiene todo el sentido. No obstante, las mismas fuentes, que no precisaron estimaciones de un posible impacto sobre el recibo de la luz de la nueva metodología, subrayaron que el objetivo de la reforma es actuar sobre esa volatilidad, aunque no está tan claro que lo vaya a hacer sobre los niveles de precios, al introducir ese mayor peso a los precios a largo plazo. Por otra parte, en cumplimiento de la Directiva 2019/944 de mercado interior de electricidad, a partir del 1 de enero de 2024 solamente podrán acogerse a la tarifa regulada hogares y micropymes -que tendrán que certificar su condición a través de una declaración responsable- con una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios (kW). De esta manera, se expulsará del pvpc a todos esos consumidores que no se incluyan en estos dos grupos, aunque será también de manera gradual y se les podrá seguir, inicialmente, suministrando el pvpc pero con un recargo del 20%.