Las promotoras piden un pacto nacional de vivienda para construir 75.000 viviendas al año

Las 184.000 viviendas destinadas al alquiler asequible y social que quiere desarrollar el Gobierno es una cifra escasa a tenor de las necesidades para el parque de vivienda español que estiman las promotoras. La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) apunta a que el año pasado hubo un déficit de 120.000 casas en toda España que dificultó la emancipación de más de un millón de jóvenes trabajadores. Una escasez por la que piden un Pacto Nacional de Vivienda con estrategia a largo plazo, según han transmitido desde la patronal este miércoles durante la presentación del informe El problema de la vivienda sí tiene solución. ¿El objetivo? establecer unos niveles de promoción de 75.000 viviendas asequibles al año como los que existieron en España décadas atrás. Las promotoras reflejan en el informe el desplome que ha sufrido la producción de vivienda asequible en la última década. Entre 2014 y 2022 la construcción de inmuebles con precios por debajo de mercado se redujo a 8.300 y a cierre del año pasado se contabilizaron 9.221 viviendas protegidas terminadas . Unas cifras que contrastan con las cerca de 79.000 viviendas al año que, de media, se pusieron a disposición de los jóvenes entre 1980 y 2010. Esto sucede cuando el 46% de los jóvenes entre 25 y 34 años vive con sus padres, según el estudio de Asprima, «siendo España el país europeo que más ha empeorado esta ratio en los últimos 10 años. 1.047.000 jóvenes con trabajo no se han emancipado». En el análisis llevado a cabo por las promotoras se pone en valor las políticas de vivienda que se implementaron enEspaña entre los 70 y los 2000. Señalan que en esos 40 años, los esfuerzos se volcaron en la inversión privada y los promotores construyeron 3.272.000 casas a precio asequible. Una de cada tres de esas viviendas que se construía tenían el precio o la renta de alquiler topados, poniéndose una media de 75.000 viviendas sociales al año en el mercado. Un ritmo que consideran necesario para satisfacer la demanda de alquiler y compra barata que necesitan los jóvenes. Desde Asprima creen que pese a que «la vivienda es el quinto pilar del Estado de bienestar, pero a diferencia de la educación, la sanidad o las pensiones, la dotación de presupuestos públicos para vivienda es mínima y, además, decreciente». Señalan como único oasis a la Comunidad de Madrid, donde «se plantea un escenario favorable en el corto plazo, ya que en los próximos cuatro años está previsto que entre en carga suelo finalista para 35.000 viviendas asequibles». Para Asprima la falta de oferta se enmarca también en la tendencia pérdida de peso relativo de la vivienda nueva en el conjunto de transacciones, que se encuentra actualmente en el 18 %, mientras que, en la serie histórica, entre los años 2007 y 2022, la media se situaba en el 50 %. Además, se ha visto disminuido el peso de la vivienda asequible nueva, frente a la libre, que se encuentra por debajo del 10 % del total durante los últimos años. Cinco medidas Pero las promotoras no solo señalan el problema, sino que también proponen soluciones para llegar a la cifra de 75.000 viviendas asequibles al año. La primera pasa por la habilitación de suelo. «Se identifica como el principal cuello de botella». Para el sector es necesario un cambio de paradigma en las Leyes del Suelo, «para que los tiempos de desarrollo de la materia prima no sea de 20 años, y para evitar la judicialización del urbanismo». También piden un cambio de mentalidad en la Administración para que se coloque del lado del promotor en los desarrollos de suelo, «y no enfrente». Igualmente, para flexibilizar los cambios de uso de suelo vacante y desvincular el desarrollo de suelo de la idea de especulación. Noticia Relacionada estandar No Las primeras viviendas de alquiler en Madrid a un precio un 40% inferior al del mercado se entregarán a finales de 2023 Sara Medialdea Estarán en Alcorcón y Tres Cantos, y en el primer semestre de 2024 habrá otras 500 en San Sebastián de los Reyes Del mismo modo se pide un marco jurídico-económico para la vivienda. Para Asprima es necesario aliviar la carga burocrática que tiene la producción de los inmuebles. «No se puede tardar los mismos meses en tramitar las licencias que en construir una promoción de 100 viviendas». Como solución proponen la implantación de las Declaraciones Responsables y las Licencias básicas a través de entidades colaboradoras urbanísticas. «Pero, sobre todo, en lo que se refiere a vivienda protegida, es perentorio actualizar los obsoletos Reglamentos de vivienda autonómicos y, por supuesto, actualizar los Precios Máximos de Venta, que concretamente en la Comunidad de Madrid están congelados desde el año 2008». Otro punto a mejorar creen que es el de la financiación. Piden recuperar los convenios con entidades financieras para, mediante avales públicos, «permitir incrementar la financiación hipotecaria a los jóvenes y familias solventes, pero sin el ahorro suficiente». Unas líneas que ya tienen habilitadas algunas comunidades gobernadas por el PP y a la que se sumó el Gobierno la semana pasada con un plan para jóvenes de hasta 35 años . Una iniciativa que «nos parece una muy buena medida, ya que es algo que venimos reivindicando desde hace tiempo, pero yo no lanzaría este mensaje a la sociedad hasta tener firmados los convenios con las entidades financieras», señaló la presidenta de Asprima, Carolina Roca durante la presentación del informe. Del mismo modo, las promotoras piden que se establezcan más incentivos fiscales para la promoción de viviendas. «No puede ser que la producción de un bien de primera necesidad esté más gravada fiscalmente que un artículo de lujo (el 25 % del precio de una vivienda social son tributos que se han ido liquidando en los tres niveles de la Administración)». Por último, señalan como necesidad urgente la llegada de mano de obra al sector de la cosntrucción. Piden a la Administración, que se trabaje en políticas de formación, de transición hacia la industrialización y digitalización y que se facilite la contratación de trabajadores extranjeros.