Otra manera de bajar el recibo de la luz sin tener que intervenir el mercado

La diferencia entre los ingresos y costes del sistema eléctrico español arrojó en 2022 un superávit histórico de 6.187 millones de euros. La cifra ha sido 24 veces superior a la prevista por el Ejecutivo y debería ser devuelta a los consumidores vía reducción de la factura eléctrica. Tan sorprendente excedente ha sido consecuencia de la vorágine regulatoria destinada a combatir los efectos de la extrema volatilidad del mercado energético y la subida de precios del gas provocada por Rusia, primero al recortar la oferta y luego al invadir Ucrania. Contribuyentes, consumidores y compañías eléctricas han tenido que arrimar el hombro para capear una de las crisis energéticas más profundas que se recuerdan. Noticia Relacionada estandar Si Mar Negro, el nudo clave de recursos estratégicos vuelve al primer plano Alexia Columba Jerez Eje del transporte comercial entre Oriente y Occidente, la zona está ahora en una encrucijada condicionada por el impacto de la guerra de Ucrania Ahora, este superávit —que se encuentra en la hucha del sistema, no en manos de los agentes energéticos— abre la puerta a una reducción de la factura de la luz de los consumidores y a la posibilidad de que el Estado recupere parte de la recaudación perdida por las modificaciones impositivas de carácter excepcional. Ineficacia A lo largo de la presente legislatura se han aprobado más de una decena de reales decretos ley para paliar los efectos de la volatilidad energética en los consumidores, pero el tiempo ha demostrado que estas acciones —más allá de la reducción temporal de impuestos indirectos, IVA, Impuesto Especial sobre Electricidad y ampliación del bono social a consumidores vulnerables— no han supuesto reducciones efectivas de las facturas. Según la Ley del Sector Eléctrico, los superávits son ingresos liquidables y, por lo tanto, Hacienda no puede recuperar sus aportaciones presupuestarias. Tampoco pueden destinarse a reducir la parte fija del recibo mientras exista un déficit de tarifa que, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), todavía hoy supera los 10.000 millones de euros. Ahora bien, el Gobierno de turno puede reducir esa deuda que los españoles abonan en su factura de la luz con intereses, aunque debe negociar con los bonistas del FADE (el fondo que titulizó los derechos de cobro de un sistema que pretendía diferir las subidas de la luz con recargos en el recibo). Los contribuyentes han financiado vía Presupuestos gran parte de este superávit que ahora debería revertirse abaratando la parte regulada de la factura. El superávit abre la puerta a una reducción de la factura de la luz de los consumidores La Comisión Europea está instando a modificar las tarifas reguladas para los pequeños consumidores Otra posibilidad es aprovechar el excedente para realizar nuevas bajadas de cargos o mantener los actuales recortes en la parte regulada de la factura (que soportan principalmente las tarifas domésticas) en 2024 mediante nuevas normas legislativas como las de los últimos dos años sin necesidad de realizar nuevas aportaciones de fondos. Oportunidad única En todo caso, el excedente del mercado eléctrico ofrece una oportunidad única de aliviar la carga económica de los usuarios y garantizar la estabilidad del vital sistema eléctrico en el futuro. Las claves del ‘déficit de tarifa’ Los consumidores pagan en cada factura parte de una deuda que aún ronda los 10.000 millones de euros, fruto de los grandes desajustes entre costes e ingresos del sistema eléctrico durante las dos pasadas décadas. Este agujero, el ‘déficit de tarifa’, creció de manera descontrolada cerca de los 30.000 millones de euros, hasta que el Gobierno decidió atajar el problema. En 2014, el sistema registró, por primera vez, superávit. No todos los ejercicios han arrojado un balance positivo, pero 2022 fue excepcional. La CNMC ha difundido los datos provisionales de liquidación del sector eléctrico durante un 2022 sometido a tensiones de precios y a una marea de modificaciones legislativas desde junio de 2021. La tarifa registró un superávit histórico de 6.187 millones de euros frente a los 252 previstos por el gobierno de Sánchez. La desviación se explica, sobre todo, «por la incorporación en 2022 de los ingresos provenientes de PGE para compensar la pérdida de ingresos por las medidas de los diversos Reales decreto-ley para mitigar el impacto de los elevados precios sobre los consumidores». No hay que olvidar que la Comisión Europea está instando a modificar las tarifas reguladas para los pequeños consumidores buscando una asignación de costes más transparente y una mayor previsibilidad en los precios de la generación. Las medidas excepcionales – algunas de ellas tan discutibles como la «excepción ibérica» de la que se han aprovechado otros países -no son más que parches temporales. El superávit provisional del sistema eléctrico en 2022, el déficit histórico de tarifa y las distintas partidas que los consumidores ven reflejadas de forma diferida en sus facturas, deberían hacernos reflexionar sobre la necesidad de una reestructuración que equilibre precios y costes y que no esté sometida a la incertidumbre regulatoria.