Rusia se escuda en los impagos de España en los laudos para no abonar 50.000 millones a los accionistas de Yukos

España y Rusia son dos de los países del mundo que más deudas acumulan en indemnizaciones de arbitrajes a inversores extranjeros, solo superados por Venezuela. No obstante, aunque la Federación Rusa ocupa el tercer puesto –por detrás de España–, sus impagos son los más elevados: más de 55.000 millones de dólares. Esta situación ha propiciado un caso muy llamativo. En 2021, cuando nuestro país acumulaba ya varios laudos de arbitraje impagados (ahora son una decena), decidió presentarse «sin venir a cuento» en el contencioso que estudiaba la corte federal del distrito de Columbia (Washington) sobre la petrolera rusa Yukos. Su abrupta expropiación por el Gobierno propició una reclamación de sus accionistas de 50.000 millones de dólares. Noticia Relacionada estandar No La Justicia australiana también autoriza el embargo de bienes españoles por el impago a inversores en renovables Javier González Navarro La lista de activos incluye oficinas oficiales, de Navantia, del Instituto Cervantes y cuentas bancarias Para ello, los abogados en representación del Estado español utilizaron la figura del ‘amicus curiae’, es decir, personarse voluntariamente en un litigio sin estar legitimado como parte o como tercero. Esta figura está reconocida en varios mecanismos internacionales de control del respeto de los derechos humanos y en el de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. Con esta decisión –«que ni le iba ni le venía», según expertos consultados– España intentaba justificar sus impagos a distintos inversores internacionales por el recorte llevado a cabo en 2014 por el Gobierno a las rentabilidades prometidas a las plantas renovables en nuestro país y que, según los laudos fallados, superan hasta hoy 1.250 millones de euros en indemnizaciones. Ahora, dos años después, la Federación Rusa ha justificado ante la justicia norteamericana el impago de esos 50.000 millones de dólares de indemnización a los accionistas de la desaparecida Yukos por la negativa del Estado español a abonar los más de 33 millones de euros a Infrared, que ganó su arbitraje contra España, según recoge Law360 , uno de los boletines jurídicos más importantes y exclusivos con sede en Nueva York. Recordar que hace poco más de tres años, el Tribunal de La Haya confirmó en apelación la condena a Rusia a pagar 50.000 millones de dólares en indemnizaciones a los accionistas del antiguo grupo petrolero ruso Yukos. Enemigo del Kremlin Moscú acusó a los responsables de Yukos de fraude fiscal y estafa a gran escala. La compañía estaba dirigida por el oligarca y enemigo declarado del Kremlin Mijaíl Jodorkovsky, detenido en 2003 y liberado tras pasar una década en prisión. La empresa, principal productor de crudo en Rusia, fue declarada en liquidación judicial en agosto de 2006 tras un juicio. Yukos fue vendido por partes, sobre todo al grupo petrolero público ruso Rosneft. «España y Rusia se retroalimentan . La primera se personó en un caso en el que no tenía nada que ver, ni de lejos, para hacer valer su negativa a pagar las indemnizaciones recogidas en los laudos. Y la segunda ha utilizado uno de los casos de España para defender sus impagos», afirma un abogado conocedor de estos arbitrajes. Un ‘prestigioso’ despacho que defiende al Congo, Sudán, Chipre y Venezuela El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha desembolsado ya más de 70 millones de euros en los últimos años para defender los intereses de nuestro país en arbitrajes internacionales. Hace un mes, contrató por 1,7 millones de euros, sin concurso público, al bufete Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LL, de Nueva York, un «prestigioso despacho», según el Ejecutivo español, especializado en casos de la República del Congo, Sudán del Sur, Uzbekistán, Vietnam, Argentina, Kuwait, Kazajistán, Chipre, Rumanía, India, Uganda, República Dominicana y Venezuela (la petrolera estatal Pdvsa), según la propia web del citado bufete. Curiosamente, el caso elegido por la Federación Rusa y que afecta a nuestro país, el de Infrared, es el que propició que –como informamos en estas páginas– el Tribunal Superior de Londres decretara tres órdenes provisionales de pago que, en caso de no ser resarcidas por el Estado español, otorgaría a Infrared (Blasket Renewable Investments LL) la garantía de ejecutar la propiedad de la sede del Instituto Cervantes en Londres , así como de la sede de la Agencia per a la Competitivitat de L’Empresa, una de las ’embajadas’ comerciales de la Generalitat de Cataluña. Además, dictó la congelación de las cuentas bancarias controladas por el Instituto Cervantes que están en el Banco Santander. Los Falcon y el Prestige Asimismo, el citado Tribunal Superior de Londres también ha emitido una orden provisional que permite a los titulares del laudo de Antin embargar 120 millones de euros de la reclamación de 925 millones de euros del Gobierno español a The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association tras el vertido de petróleo del Prestige en 2003. En este punto hay que subrayar que inversores afectados en otros casos han elaborado listas de bienes que podrían ser objeto de embargos en EE.UU. y Australia, entre los que se encuentran los aviones Falcon que utiliza el Gobierno de Pedro Sánchez y activos de Navantia.