Transportes ultima un decreto con el taxi para evitar la llegada de un alud de licencias a las VTC

El Ministerio de Transportes y el sector del taxi ultiman un decreto-ley para establecer nuevas limitaciones a Uber y Cabify tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitido este mes que abre la veda a que las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC) puedan recibir nuevas licencias más allá del ratio 1/30 (un permiso VTC por cada 30 de taxi). Los taxistas, representados a través de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), se han reunido este martes con el departamento de Raquel Sánchez para exigirles nuevas regulaciones sobre las VTC, ante la inminente llegada de nuevos permisos al sector. Y las conversaciones parecen ir por el buen camino. Fuentes del antiguo Ministerio de Fomento, aseguran que se volverán a reunir mañana con la patronal del taxi «para ver el texto definitivo». Los taxistas se presentaron en la reunión con amenazas de movilizarse el jueves en Madrid si no se atendían a sus peticiones, pero Transportes, liderado por el secretario de Estado David Lucas, supo calmar las aguas. Desde el ministerio señalan que ha existido buena voluntad por ambas partes para llegar a un acuerdo y que este se pueda poner en marcha lo antes posible. Y remarcan que las actuaciones que se plasmen en la norma afectarán únicamente al transporte interurbano, «nuestro ámbito de actuación». En el ámbito urbano seguirán siendo las comunidades y ayuntamientos quienes deben regular las condiciones para autorizar la circulación de las VTC, según detallan las mismas fuentes. Desde Antaxi, sin embargo, llaman a la calma y aseguran que, aunque hay buena disposición en las negociaciones, «las posturas con Transportes siguen alejadas». Por lo que las movilizaciones convocadas para el jueves siguen en pie. Transportes aún no concreta el contenido de la norma pero previsiblemente serviría para esquivar la sentencia del TJUE que concluyó con que la limitación estatal de una licencia VTC por cada 30 de taxi va en contra del derecho europeo. Este dictamen abre la veda para que las compañías conectadas a Uber, Cabify y Bolt , puedan acceder a más permisos y aumentar sus flotas en las principales urbes españolas. Ante las intenciones del Ejecutivo, las VTC ya empiezan a moverse a nivel europeo. Las patronales del sector Feneval y Unauto ya han enviado una carta a la Comisaria Europea de Transportes, Adina Vălean, para pedir que interceda ante el gobierno español «antes de que tomen medidas que vayan en contra de la reciente sentencia del TJUE». El sector explica en la carta a la Comisión Europea que el decreto-ley en el que trabaja el Gobierno, no podría ser impugnado ante los tribunales directamente por particulares, empresas o Autoridades de Competencia, «dejando así a las empresas de VTC en una clara situación de indefensión». Remarcan ante Bruselas que el objetivo de la ley tendría como objetivo mitigar los efectos de la sentencia del TJUE, «ya sea directamente, o permitiendo que las autoridades regionales y municipales españolas lo hagan, lo cual es muy preocupante para nuestra industria». Además, las VTC tildan de «indignante» que el Gobierno «pueda aprobar urgente para eludir al Tribunal, negociando exclusivamente con lasasociaciones de taxis, justo antes de unas elecciones nacionales (23 de julio)». Y que lo haga, sin siquiera «escuchar a los representantes de las VTC, lo cual resulta francamente incomprensible». Para el sector resulta un indicio claro de que la nueva regulación que quiere impulsar Transpotes «tiene el objetivo real de proteger los intereses económicos de los taxis, en detrimento de los VTC». Desbloqueo de licencias La sentencia de la justicia europea sirve también para desatascar miles de peticiones de licencias VTC que habían sido denegadas bajo el paraguas de la norma. Eso es a lo que temen los taxistas y que pretenden evitar a toda costa. Desde Antaxi aseguran tener conocimiento de más de 130.000 solicitudes de VTC en España, así como que tras la publicación del fallo del TJUE esa cifra se ha disparado. El germen del la sentencia está en las múltiples denuncias de las empresas de VTC ante las duras restricciones que aplica el ayuntamiento de Barcelona a su operativa. El consistorio de la recién salida de la alcaldía, Ada Colau, exige una licencia municipal adicional a estas empresas en todo el área metropolitana de Barcelona. Incluso ha ido más allá. Desde el año pasado obliga a las VTC a trabajar con vehículos que tengan un mínimo de 4,90 metros de largo. Noticia Relacionada estandar No El taxi toma el centro de Barcelona en contra de la liberalización de las VTC Àlex Gubern Unos 300 conductores protestan tras la sentencia del TJUE que limitaba el número de licencias Son restricciones que desde hace tiempo apilan demandas en los tribunales. Pero ha sido una concreta la que ha desatado el pronunciamiento del TJUE. En 2021, la filial de Cabify, Prestige and Limousine, S. L. (P&L), denunció las trabas de Colau ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La compañía pidió al alto tribunal catalán la anulación del reglamento local de servicios de VTC en todo el área metropolitana de Barcelona al considerar que el único objetivo del reglamento local era obstaculizar su actividad, «con el único fin de proteger los intereses del sector de los taxis». Ante la duda, el TSJC decidió elevar el caso a nivel europeo. El argumento de la VTC tuvo una buena acogida en el TJUE. La Corte de Luxemburgo llamó al orden este mes al ayuntamiento de Colau por ese motivo. «El objetivo de garantizar la viabilidad económica de los servicios de taxi es un motivo de carácter puramente económico que no puede constituir una de las razones» expuso en su sentencia en referencia al ratio 1/30 entre VTC y taxi. En cambio, el TJUE si se abrió posibilidad de que los ayuntamientos puedan exigir un segundo permiso, pero siempre que esté bien justificado en base a objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como de protección del medio ambiente. Estos argumentos ya están en manos del TSJC que será quien tendrá que legitimar o no las limitaciones. Actualmente en España hay registradas 18.490 licencias VTC por las 60.300 que existen de taxi. Es un ratio muy superior al 1/30. Para las patronales VTC Feneval y Unauto estos números son, sin embargo, reflejo de una gran escasez de alternativa de tansporte en las principales ciudades españolas, respecto a otras capitales europeas como Londres donde por cada 1.000 habitantes hay 10,1 VTC y taxi; en Ámsterdam 8,5, en Lisboa 5,7 y en París 5,5. En Barcelona es de 3,5.