Tributos reclama más personal para poder dar respuesta a las consultas fiscales de las empresas

A mediados de 2019 el canal a través del que las empresas trasladan al Ministerio de Hacienda sus dudas en torno a la aplicación de las normas tributarias para evitar que las posibles controversias se tengan que resolver después en los tribunales colapsó. Más de 3.000 consultas sin respuesta se acumulaban en la bandeja de entrada de la subdirección de la Dirección General de Tributos encargada de resolver las cuestiones referentes al Impuesto de Sociedades mientras las empresas, presas de la desesperación, se veían obligadas a aplicar a ciegas sus propias interpretaciones de la norma o en el peor de los casos renunciaban a proyectos e inversiones para no exponerse al riesgo de una inspección tributaria posterior. El colapso obligó al Ministerio de Hacienda a poner en marcha un dispositivo de urgencia para intentar evacuar las consultas pendientes y forzó una reflexión interna para intentar encontrar una vía que les permitiera dar respuesta a las consultas tributarias de las empresas, de las que en muchas ocasiones dependen inversiones de miles de millones de euros. Cuatro años después, las carencias de personal que llevaron a esta situación no se han terminado de resolver . Así lo ha admitido este jueves la directora general de Tributos, María José Garde, en el curso de una mesa titulada ‘Tributos, seguridad jurídica y arquitectura institucional’, organiza por el Instituto de Empresa, el despacho Pérez-Llorca y la consultora LLyC. Noticia Relacionada estandar Si Las maniobras fiscales del Gobierno desencadenan una riña interna en el Tribunal Constitucional Bruno Pérez El bloque conservador acusa a la mayoría del tribunal de permitir al Gobierno «ajustar a conveniencia» las condiciones del marco fiscal «Contamos con los instrumentos suficientes para dar seguridad jurídica a las empresas, pero es cierto que los medios de que disponemos son insuficientes y las empresas cada vez demandan más certidumbre», ha admitido la responsable de la sala de máquinas del Ministerio de Hacienda, dónde se alumbran la mayor parte de las normas tributarias y se sientan los criterios a aplicar en la aplicación de las mismas. Garde ha deslizado que son necesarias soluciones «creativas» que permitan, por ejemplo, resolver las dudas fiscales de las empresas sobre negocios de gran calibre con carácter previo a su formalización o que, por ejemplo, refuercen los equipos de la Dirección General de Tributos que se encargan de dar respuesta a las consultas de las empresas. La responsable de Tributos ha reconocido que muchas veces los problemas se generan en el proceso de elaboración de las normas, que ha admitido que podría ser más colaborativo y transparente. El catedrático de la Universidad de Uppsala en Suecia, Bertil Wiman, ha detallado como es el proceso de aprobación de la legislación fiscal en Suecia, donde la iniciativa del Gobierno se ve modulada por la participación obligatoria de grupos de expertos, grupos de interés e incluso un comité de expertos del ámbito judicial que examina los potenciales problemas de legalidad que pudieran tener las nuevas leyes fiscales. Reforzar la seguridad jurídica en las leyes fiscales Un modelo que según la portavoz de las grandes empresas en el Foro que comparten con la Agencia Tributaria y responsable global del Área Fiscal de Iberdrola, Begoña García Rozado, podría ser aplicable en España, dando por ejemplo participación en el proceso de elaboración de las leyes fiscales al Tribunal Constitucional , para evitar la aprobación de normas que nazcan con vicios de inconstitucionalidad, como muchos expertos consideran que ha ocurrido con los nuevos gravámenes sobre banca, energéticas y grandes fortunas . «El procedimiento de aprobación de la legislación fiscal está muy marcado en España», ha explicado García Rozado, «pero luego nos encontramos con cosas como impuestos aprobados a través de una proposición de ley o por una enmienda», ha lamentado. También ha pedido más medios para la Dirección General de Tributos para reforzar la seguridad jurídica de las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.