El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde a la remisión a la Comisión Europea de su proyecto para asignar un destino a los 84.000 millones de euros en préstamos y 10.300 millones en transferencias a fondo perdido asociadas a la segunda fase del despliegue del Mecanismo europeo de Recuperación en España, lo que se ha dado en denominar la adenda al Plan de Recuperación. La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha explicado lo llamativo del ‘timing’, que ha hecho que el proyecto se envíe a Bruselas a apenas mes y medio de las elecciones generales que dirimirán quién será el inquilino de La Moncloa durante los próximos cuatro años y por tanto qué orientación tendrá el Gobierno que en principio deberá desarrollar este plan, en que la fecha límite para solicitar los préstamos finalizaba el mes de agosto – pese a que fuentes gubernamentales dijeron la semana pasada, cuando se anunció que el proyecto se aprobaría en el Consejo de Ministros de este martes, que no había una fecha límite como tal- y que “no era realista pensar que se pudiera iniciar un trabajo nuevo después de las elecciones”. Bajo estas premisas, Calviño ha asegurado que “por responsabilidad y por no poner en este momento freno a todo este proceso que está en marcha hemos aprobado hoy esta adenda”. La Comisión Europea dispondrá ahora de dos meses ampliables para evaluar el plan presentado por el gobierno saliente de España y determinar si en efecto, como ha asegurado este martes la vicepresidente, el plan da respuesta a las recomendaciones formuladas por los funcionarios de Bruselas en sus últimos informes sobre España -que solo se han cumplido en parte según las evaluaciones sobre el particular que ha realizado la Comisión en los últimos años- o por el contrario debería procederse a reorientar alguna de las medidas. Esto habrá que hacerlo antes de enviar el plan al Ecofin, el fondo de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, para su ratificación y deberá negociarse ya con el futuro gobierno. Ante las dudas al respecto formuladas en los últimos días desde las filas del Partido Popular, que considera que dadas las circunstancias se tendría que haber congelado la remisión del plan a Bruselas para después de las elecciones generales para que sea el futuro gobierno el que defina un plan que deberá desarrollarse entre 2023 y 2026, la vicepresidenta ha subrayado que “de todas formas en este proceso de consulta pública hemos incorporado las propuestas que han llegado de las comunidades autónomas y de grupos políticos, como el PP, que ha tenido a disposición desde diciembre el proyecto de la adenda”.
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El Gobierno canaliza 100.000 millones de fondos europeos a sus prioridades políticas a mes y medio del 23J
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