La Fiscalía, a favor de investigar fondos del Grupo CVC por un posible fraude fiscal de 356 millones

La Fiscalía de la Audiencia Nacional está a favor de que se investigue por delitos fiscales a los Fondos CVC European Equity Partners, propiedad del grupo de capital riesgo CVC, y así lo ha puesto por escrito en siete informes dirigidos a los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo donde la compañía había recurrido otras tantas decisiones de la Agencia Tributaria. En concreto, la Delegación Central de Grandes Contribuyentes había detectado fruto de su actividad inspectora una cuota defraudada «por los diferentes responsables y conceptos» que suma en total más de 355,9 millones de euros y «una deuda resultante de 369.943.921,8 euros». Resolvía por ello remitir a lo penal los expedientes para abrir una investigación por posibles delitos contra la Hacienda Pública e informaba al fondo de que frente a esa liquidación, no cabía recurso. CVC acudió a la Audiencia Nacional por entender vulnerados sus derechos a la tutela judicial por esa imposibilidad de contestar a la liquidación de la AEAT, cosa que la Fiscalía descarta, avalando la legalidad de los dictámenes de Hacienda. Noticia Relacionada estandar Si Europa tiende una red para el gran salto de las startups Adrián Espallargas La UE ha puesto en marcha un fondo para acelerar el crecimiento de las firmas de alta tecnología y dinamizar la adormecida inversión riesgo Este litigio ha aflorado la cuestión de fondo. Que, como explicaban desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se sospecha de «posibles actividades delictivo-tributarias que tienen su origen en transmisiones societarias de entidades del sector de la sanidad privada» y que ya estaban siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción. Participación simulada En concreto, se trata de la inversión en la empresa española IDCSalud (antigua Capio Sanidad), después de su transmisión a la alemana Helios Healthcare en enero de 2017, que se acometió con participación en capital y en instrumentos de deuda mediante una cadena de sociedades constituidas en Luxemburgo y Países Bajos. Declararon una base imponible de más de 2.877 millones de euros y una cuota íntegra de cero euros como consecuencia de la aplicación del Convenio de doble imposición entre España y Países Bajos, según informó el Ministerio Público. Lo que se investiga a partir de aquel negocio son actividades de «participación simulada de entidades con ocultación del verdadero sujeto pasivo», así como de «ausencia de retenciones por ingresos a cuenta, ocultación de funciones de gestión de inversiones y minoración artificial de la tributación sobre parte de los rendimientos de trabajo percibidos». Todo, desde la inspección en «las sociedades particulares y Fondos CVC European Equity Partners, con sede en las Islas Caimán y que pertenecen al Grupo CVC», dice el fiscal. En el foco, las liquidaciones provisionales vinculadas a delito contra la Hacienda Pública, con regularizaciones por el Impuesto de la Renta de No Residentes, el de Personas Físicas y el de Sociedades, que habrían dado lugar a esa cuantía millonaria por la que la Agencia Tributaria remite los expedientes para que sean investigados como delitos fiscales. Sólo en uno de ellos, consultado por ABC, se señala participación simulada de entidades con ocultación del verdadero sujeto pasivo, con una cuota defraudada de casi 90 millones de euros y una deuda resultante por encima de los 102.