«Las grandes empresas son los chivos expiatorios de los fallos en política económica»

El coordinador del Foro Mercado Libre, Benito Arruñada, analiza en esta entrevista las barreras que impiden el desarrollo de la actividad empresarial en Europa y España y defiende la necesidad de acometer reformas económicas para conservar el estado de bienestar. Arruñada es también catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y Affiliated professor de la BSE.    —¿Qué es el Foro Mercado Libre y cuáles son sus objetivos? —Foro Mercado Libre es un ‘think tank’ que defiende y promueve el desarrollo de una economía de mercado competitiva en Europa, encauzada por instituciones sólidas, estables y democráticas, para asegurar el bien común y responder a los desafíos estratégicos y sociales que afronta la sociedad europea del siglo XXI. Surge en un contexto de creciente e ingenuo intervencionismo estatal, que puede aplastar la iniciativa privada. —¿El entorno actual en la UE es propicio para el desarrollo de la actividad empresarial? —La UE provee un marco relativamente flexible y hay muchas diferencias entre países miembros, con regulaciones y restricciones muy heterogéneas. Aunque las regulaciones europeas son mejorables, la responsabilidad última es de los Estados, que deben ser capaces de proporcionar a sus empresas un entorno para desarrollar su actividad, prosperar y contribuir al bien común. —¿Y en el caso concreto de España? —Se está produciendo una excesiva injerencia pública en el mercado, un fenómeno nada nuevo en términos históricos. Venimos de una economía muy intervenida durante el Franquismo, que experimentó posteriormente varias olas liberalizadoras y transformadoras (empezaron en los 60, terminaron en los 90), que no nos supusieron gran esfuerzo político porque teníamos a Europa como objetivo y referencia y sabíamos a dónde queríamos ir como país. En los últimos años esto ya no está tan claro. Aunque sí se aprobaron algunas pequeñas reformas en los primeros años de la década pasada, fueron forzadas por la crisis y nuestras dificultades financieras. No estábamos realmente convencidos, ni siquiera parecía estarlo el Gobierno de Rajoy. Y las cosas han ido a peor. Con el Gobierno actual hemos retrocedido en muchas dimensiones, en parte por las respuestas a las crisis que desataron la pandemia y la guerra de Ucrania, que también han servido como excusa para intervenir en el mercado, pues muchas medidas no guardaban relación con ella. «Para mantener el nivel de vida y el estado del bienestar es preciso crecer más; y para crecer más son imprescindibles las reformas» —¿Podría poner algún ejemplo de este intervencionismo? —Del que afecta a sectores específicos, destacaría la ‘Ley riders’, que ha frenado en seco un sector muy dinámico, el de la distribución a domicilio, que, además, permitía integrar con rapidez a un gran número de inmigrantes. Pero también se han producido ataques a prácticamente todas las grandes empresas, que se han convertido en chivos expiatorios de los fallos en la política económica. Ha sucedido así en muchos sectores, principalmente el energético o el bancario, y también en la gran distribución, acusada de ser responsable de la inflación, fenómeno que está fundamentalmente asociado a la expansión monetaria necesaria para financiar un gasto público desmesurado. Las nuevas normas de ‘disclosure’ o ‘reporting’ no financiero y de ‘compliance’ formal son otros ejemplos de este intervencionismo creciente que afecta a todas las empresas, como sucede con los continuos aumentos de las cargas sociales. Acabamos de hacer una reforma que vuelve a aumentarlas para mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Un impuesto, en definitiva, al empleo que, además, permanece invisible al trabajador porque lo paga a través de la empresa. Que el país con más paro de la UE siga aumentando los impuestos al trabajo es muy insensato. Nos estamos engañando, porque, a pesar de la reciente subida de cotizaciones, esta seudo reforma de las pensiones contiene una cláusula de salvaguarda que debería activarse ya mismo para asegurar, al menos en parte, su sostenibilidad, volviendo a subir cotizaciones o bajando las pensiones, como ha advertido Fedea. —¿Cuáles serán las consecuencias para la economía de esta injerencia pública? —Una de las principales a corto plazo es la mala asignación de los recursos. Por ejemplo, muchos ciudadanos con estudios universitarios compiten por empleos públicos de baja cualificación en busca de mayor estabilidad, hasta el extremo de que estamos conduciendo trenes con ingenieros de caminos o llenando de graduados universitarios las escalas básicas de los cuerpos de policía. Las empresas buscan los entornos que les resultan más atractivos y, ante todo, seguridad jurídica, que en España brilla por su ausencia. El caso de Ferrovial también es bastante significativo. Igualmente, muchos profesionales se están yendo a Portugal buscando un entorno fiscal más amable. —¿Está preparado nuestro país para competir a escala global? —La situación es ambigua. La lectura positiva es que tenemos empresas muy capaces de competir globalmente, líderes en sus respectivos sectores, como el de las infraestructuras, el financiero, la energía o la distribución comercial. La existencia de estas empresas nos dice que no hay un déficit de capacidad en la iniciativa empresarial. Y la evolución de las exportaciones es muy positiva. El problema viene por las potencialidades no realizadas. Una liberalización del entorno empresarial daría frutos grandes e inmediatos, como pasó con la liberalización a regañadientes de 2012, que tuvo unos efectos muy positivos en la evolución de la capacidad de nuestras empresas para competir en el exterior. Ahora hay que profundizar en este tipo de reformas. —¿Hacia dónde deben ir encaminadas las reformas? —Una de las reformas estructurales más importantes, pero también de alto coste político, sería una reforma fiscal que castigara más al consumo y menos al trabajo, al ahorro y a la inversión. Es decir, lo contrario de lo que sucede ahora. Nuestros impuestos sobre el consumo son relativamente bajos. Teóricamente el IVA es del 21%, pero hay gran cantidad de servicios y productos a tipos inferiores. Es más, la lista de IVA reducido, superreducido o nulo se ha ampliado a raíz de la invasión de Ucrania y de la pandemia. Tenemos unos impuestos muy elevados sobre el trabajo en un país que ostenta el récord de desempleo en Europa. Sin embargo, ningún partido político propone ningún tipo de ajuste en esta línea porque esa preferencia social parece ser minoritaria. Quizá el ciudadano también debe hacer examen de conciencia.